La gestión de Javier Milei había presentado un per saltum para que el máximo órgano de Justicia decidiera el futuro de la Reforma Laboral salteándose la intervención de tribunales inferiores, pero fue rechazado por la Corte.
El pasado jueves la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el per saltum presentado por el Gobierno Nacional, que buscaba la intervención directa de la Corte en el expediente que analiza la validez de la Reforma Laboral. El rechazo de la Corte era probable, pero el Gobierno buscaba seguir ganando tiempo en la judicialización de la normativa.
Actualmente, la reforma se encuentra vigente pero judicializada por el recurso que presentó la Confederación General del Trabajo (CGT). En este contexto, la gestión de Javier Milei había pedido un per saltum para saltearse la intervención de tribunales inferiores y llevar la decisión sobre el futuro de la normativa directo a los jueces de la Corte Suprema.
No obstante, los magistrados Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz decidieron que no estaban dados los requisitos suficientes, previstos en el Código Procesal Civil, que justificaran la aceptación del per saltum solicitado por la Procuración del Tesoro del Gobieno Nacional el pasado 16 de abril.
El camino de la judicialización
El juez de primera instancia Raúl Horacio Ojeda declaró la inconstitucionalidad de 83 artículos de la Ley de Modernización Laboral, nombre con el que se bautizó a la reforma planteada por el oficialismo y aprobada por el Poder Legislativo.
Ante ese escenario, el Gobierno buscó revertir la sentencia, argumentando que Ojeda no era competente para intervenir en el expediente y pidiendo la actuación urgente de la Corte ante la suspensión parcial de la norma.
El fallo de Ojeda duró poco: fue revocado por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, restituyéndose así la vigencia plena de la reforma, antes incluso de que la Corte se expidiera en rechazo al per saltum.
Tras el desacuerdo respecto a en qué fuero debía tramitarse la causa iniciada por la CGT, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió que el expediente deberá tramitarse en ese fuero, excluyendo definitivamente a la Justicia Nacional del Trabajo.
Dicha Cámara le dio al juez Ojeda un plazo de 24 horas para enviar el expediente. Apartar al fuero laboral se alinea con los intereses del Gobierno Nacional: la estrategia judicial de la Procuración del Tesoro era trasladar el caso al fuero contencioso administrativo federal para revertir un escenario inicial adverso.
