El juez Martín Cormick consideró que la resolución 943/23 representa un “exceso en la competencia otorgada al Poder Ejecutivo Nacional”.
En un fallo de la Justicia federal con el sello del juez Martín Cormick, se declaró nulo el protocolo antipiquetes de la ex Ministra de Seguridad de la Nación (ahora senadora), Patricia Bullrich.
El juez Cormick tuvo en cuenta los argumentos de diferentes organizaciones de Derechos Humanos, sociales, ambientales, políticas y sindicales, las cuales marcaron aquellos aspectos en los que el protocolo de Bullrich atenta contra los derechos constitucionales de huelga y libertad de expresión.
La resolución 943/23, firmada por Bullrich en diciembre de 2023, establece como delito a cualquier manifestación que interrumpa el tránsito. El protocolo se conformó como una práctica extremadamente restrictiva y un ataque directo a la efectividad de la protesta, que en parte radica en hacerse notar y generar esa interrupción. Su aplicación también significó una escalada represiva alarmante en los últimos años.
Además, durante estos dos años de vigencia, la medida se aplicó diferencialmente según los intereses políticos del Poder Ejecutivo: múltiples ejemplos de marchas a favor del Gobierno con una presencia policial escasa o neutra versus marchas de jubilados, incluso las pequeñas, con un despliegue policial y represivo excesivo.
Entre estos casos de violencia de las fuerzas de seguridad está el de Pablo Grillo, fotorreportero que el 12 de marzo cubría la manifestación de los miércoles por los jubilados en las inmediaciones del Congreso, cuando recibió en la cabeza el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno por parte del gendarme Héctor Guerrero (actualmente procesado). Producto del hecho, la vida de Grillo cambió drásticamente, y aún hoy se encuentra en rehabilitación para poder, entre otras cosas, alimentarse por sus propios medios.
La Justicia Federal, en este caso representada por el magistrado Martín Cormick, falló declarando nulo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: “La Resolución 943/23 conforma un exceso en la competencia otorgada al PEN«, expresó el juez en su fallo.
Cormick también consideró al protocolo como una medida que afecta la división de poderes y se entromete con «las facultades del Poder Legislativo», modificando, bajo el pretexto de la seguridad, leyes penales, procesales, derechos constitucionales y normas orgánicas policiales.
El Gobierno nacional no tardó en oponerse al fallo de Cormick: atacó al juez acusándolo de pertenecer a un sector de la «vieja política» que no quiere «ni paz ni orden», y adelantó que apelará su declaración.
❌El Ministerio de Seguridad legisló a través de una resolución para restringir al máximo el derecho a la protesta, pasando por encima del Congreso y también del Poder Judicial.🧵 pic.twitter.com/2ofiNyPNYq
— CELS (@CELS_Argentina) December 29, 2025
