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El protocolo antipiquetes de Bullrich dejó 1155 heridos, entre ellos jubilados y niños

Publicado por:El Resaltador

Un informe de Amnistía denunció la implementación del protocolo en las protestas ocurridas en el año 2024. Se registraron 15 manifestaciones reprimidas, con 33 heridos con daños graves en el rostro y 50 periodistas lesionados. 

Amnistía Internacional publicó un informe titulado “Un año de protestas”, en el que se registró la represión y la violencia institucional ocurrida en las manifestaciones del año 2024.  

A partir de diciembre de 2023, el Gobierno de Javier Milei instauró políticas de control que limitaron severamente las movilizaciones y que van en contra del derecho a manifestarse libremente de cualquier ciudadano residente de la República Argentina. 

Dicho Informe detalla las restricciones ejercidas por las Fuerzas de Seguridad, comandadas por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la cual autorizó el “protocolo antipiquetes”.  

El Informe comienza con lo siguiente; “El 2024 fue un año desafiante para el ejercicio del derecho a la protesta. A partir de la implementación del ´Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación´, más conocido como Protocolo Anti-piquetes, numerosas personas que salieron a las calles a manifestar su disenso fueron reprimidas y criminalizadas”. 

La resolución 943/2023, conocida como protocolo antipiquetes, califica cualquier corte de vía pública como un delito flagrante, habilitando el despliegue policial inmediato. 

Esto incluye el uso de gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma para dispersar las manifestaciones. Además, permite iniciar demandas judiciales contra los manifestantes para que asuman los costos operativos de los despliegues policiales.

Datos arrojado por Amnistía Internacional 

Amnistía relevó 15 protestas reprimidas por el protocolo antipiquetes entre enero y septiembre del 2024, que dejaron un saldo de 1.155 heridos: entre ellos, jubilados y niños. 

Además, 33 de los heridos sufrieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, provocando pérdida parcial o total de la visión. 

También se contaron 50 periodistas que sufrieron agresiones y lesiones graves, mientras cumplían con su labor de registrar imágenes y vídeos de interés público para la sociedad. 

Asimismo, en el informe se destaca el uso desmedido de la fuerza como práctica sistemática. Un ejemplo de ello fue el uso de gases lacrimógenos, muchas veces utilizados en espacios cerrados, que causaron graves afectaciones respiratorias y dermatológicas, especialmente en adultos mayores, niños y embarazadas.

Testimonios documentados relatan que los efectos de estos compuestos irritantes podían durar horas, causando dolor intenso y dificultad para respirar.

Otro testimonio que detalla el informe es el de Claudio Astorga, un manifestante que perdió parcialmente la visión de un ojo tras ser impactado por una bala de goma en la marcha frente al Ministerio de Capital Humano. 

De la misma forma, Diego Ricciardi, periodista y locutor nacional, fue herido en el mentón mientras transmitía en vivo. Según Amnistía, estos ejemplos ponen de manifiesto la falta de protocolos claros para el uso de armas menos letales.

Por último, el informe resalta que esta normativa vulnera estándares internacionales y derechos constitucionales como la libertad de expresión y de reunión. En enero de 2024, las Relatorías Especiales de la ONU exhortaron al gobierno de Javier Milei a revisar esta resolución, petición que fue ignorada.

Informe completo de Amnistía Internacional

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