Organizaciones de prensa y de DDHH expondrán ante la CIDH un informe sobre el ataque a la libertad de expresión y al trabajo periodístico en Argentina.
Las organizaciones SiPreBa (Sindicato de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) y FATPREN (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) expondrán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por los ataques sistemáticos del Gobierno nacional a periodistas en nuestro país.
Este miércoles 19 de noviembre, las organizaciones de prensa y otras de DDHH expondrán ante la CIDH un informe detallando las distintas formas de violencia contra la labor periodística y ataque a la libertad de expresión que se han vuelto cotidianas en el gobierno de Javier Milei.
Las y los trabajadores de prensa denuncian que el Gobierno nacional sostiene una política “sistemática y planificada” de hostigamiento. La audiencia se realizará a las 18.15 (hora argentina) en la Universidad de Miami, en el marco del 194° Período de Sesiones del organismo internacional.
La exposición del informe es parte de una acción conjunta que nuclea a varios organismos, tanto sindicales como profesionales y de Derechos Humanos: Amnistía Internacional Argentina, el CELS, SiPreBA, ARGRA y FOPEA, entre otras organizaciones, unificaron sus reclamos ante la Corte para denunciar crecientes restricciones, violencias y persecuciones sobre quienes desarrollan tareas periodísticas.
Francisco “Paco” Rabini, secretario adjunto electo de SiPreBA y tesorero de FATPREN, tomará la palabra ante la comisión junto a representantes de los demás colectivos.
“Uno de los ejes de las políticas del gobierno de Milei es impedir que periodistas y trabajadores de prensa hagan su trabajo, que es cubrir hechos noticiosos, informar, preguntar. Eso es un ataque directo a la libertad de expresión y de prensa”, sostuvo Rabini.
Rabini advirtió sobre las consecuencias de esta escalada de violencia: la censura, el insulto y el desagravio, los actos de intimidación y silenciamiento y la violencia física represiva, llegando incluso a situaciones extremas como la del reportero gráfico Pablo Grillo, todavía atravesando cirugías mayores luego de que en marzo de este año un gendarme lo reprimiera lanzándole un cartucho de gas lacrimógeno que le partió el cráneo.
Se vulnera el derecho a la información
Una de las principales denuncias de las organizaciones es, más allá de los actos hostiles de funcionarios del Gobierno, el objetivo detrás: mantener a la población en las sombras sobre hechos y negocios que nos afectan colectivamente, como el ajuste y la venta de activos nacionales estratégicos.
Es por ello que el conjunto de organizaciones de prensa y DDHH denunciarán ante la CIDH aquellas medidas estructurales que significan una afectación del derecho a la información y la pluralidad de voces.
Entre ellas mencionan el vaciamiento de los medios públicos, el intento de cierre de la agencia Télam, la intervención prolongada del ENACOM, la paralización de los fondos FOMECA y la inacción de la Defensoría del Público. Estas acciones, señalan, forman parte de un mismo patrón de debilitamiento del sistema de medios y del trabajo periodístico.
Además del vaciamiento y la violencia, la ofensiva judicial: Milei denuncia compulsivamente a periodistas
El hostigamiento del Gobierno Nacional también abarca acciones judiciales para silencias opiniones disidentes.
En el 2025, el Presidente Javier Milei denunció al menos a ocho periodistas por calumnias e injurias -Carlos Pagni, Viviana Canosa, Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico, Nicolás Lantos, Ari Lijalad y Julia Mengolini-.
Su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, también inició demandas contra Nancy Pazos y Darío Villarruel.
Las denuncias estuvieron motivadas por motivos insólitos, que van desde críticas legítimas al Gobierno Nacional hasta simples chistes, y es por ello que incluso varias rebotaron contra los propios denunciantes, ahora denunciados por hostigamiento.
A esta forma de violencia se suman otras, como las sucesivas represiones en manifestaciones. Al respecto, el secretario general de SiPreBA, Agustín Lecchi, agregó: “En las movilizaciones y protestas hubo más de cien periodistas y trabajadores de prensa heridos o detenidos”, recordando los casos de los reporteros gráficos Leandro Cruzado, Tomás Cuesta y Javier Iglesias.
La audiencia de organismos de prensa y Derechos Humanos ante la CIDH buscará asentar el aumento y la sistematicidad de la violencia y censura que ejerce el Gobierno Nacional específicamente contra estos trabajadores, exigiendo la intervención del organismo para frenar el deterioro acelerado de la libertad de prensa en el país.
