En un contexto de creciente violencia hacia periodistas, se busca “prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad” de los trabajadores.
Diputados presentaron un proyecto de ley contra las agresiones a los trabajadores de prensa.
La propuesta busca garantizar el ejercicio libre y seguro de la profesión en un clima de creciente violencia hacia periodistas, tanto en represiones como en discursos violentos y estigmatizantes encabezados por el Presidente Javier Milei.
El proyecto fue presentando por diputados de diversos espacios del arco político: Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Sergio Palazzo (UP) y Juan Manuel López (CC).
En su propuesta, el proyecto de ley contra las agresiones a la prensa sostiene que “la actividad periodística, cuando se ejerce en libertad y sin represalias, constituye una herramienta clave para la rendición de cuentas del poder público, la transparencia institucional y la deliberación democrática. Sin embargo, muchos periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa desarrollan su labor en condiciones de vulnerabilidad, con escasa protección institucional frente a los riesgos derivados de su ejercicio profesional”.
“Esta iniciativa se presenta como una herramienta para desalentar la impunidad de quienes intentan silenciar voces y restringir la diversidad de perspectivas y opiniones”, agregaron los diputados.
¿Por qué es importante este proyecto?
La relevancia de este proyecto radica en que las agresiones a la prensa han aumentado de manera preocupante: desde la asunción de Milei, 216 periodistas fueron agredidos.
La violencia contra periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa tiene como protagonistas a miembros del poder político y a las fuerzas de seguridad: abarca desde golpes y detenciones a trabajadores identificados en manifestaciones, pasando por discursos agraviantes del Presidente Milei y publicaciones en sus redes en donde señala e insulta a cualquier periodista en su contra, sus denuncias a Ariel Lijalad y Carlos Pagni (desestimadas por el juez Rafecas) hasta las consecuencias más graves: el disparo por parte de gendarmería al fotorreportero Pablo Grillo, que debió estar internado casi tres meses y ahora afronta una rehabilitación.
¿Qué establece el proyecto de ley?
En esa escalada de violencia, el proyecto de ley contra las agresiones a la prensa busca “prevenir, proteger y garantizar la libertad, seguridad e integridad” de periodistas, fotorreporteros y trabajadores de prensa», “asegurar la protección de las fuentes periodísticas” e “investigar, juzgar y sancionar ataques, agresiones, amenazas o intimidaciones” contra ellos.
Según la propuesta de los diputados, el Estado tiene la obligación de generar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo y en ese sentido “deberá adoptar todas las medidas para prevenir las diversas formas de amenazas y ataques contra la integridad” de los trabajadores de prensa.
El proyecto de ley contra las agresiones a la prensa también hace referencia explícitamente al discurso de funcionarios. Exhorta a los mismos a “adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas, trabajadores de prensa y fotorreporteros (…) funcionarios públicos deben abstenerse de realizar declaraciones que los expongan a actos de violencia”.
Además, deberán “realizar campañas públicas en medios de comunicación y redes sociales que concienticen a la sociedad respecto de la importancia del libre ejercicio de la actividad” periodística.
Otras obligaciones del Estado que propone el proyecto son respetar el derecho a la reserva de las fuentes de información periodística, asegurar el acceso a documentos e información en poder del Estado y garantizar la actividad periodística en contextos de manifestaciones públicas.
Respecto a ese último punto, “las personas que invoquen su sola condición de periodistas, fotorreporteros/as o trabajadores de prensa, no podrán ser molestados, hostigados, agredidos, detenidos, trasladados, dañadas sus herramientas de trabajo, ni sufrir cualquier otra restricción de sus derechos por el solo hecho de ejercer su profesión, antes, durante y después de la manifestación pública”, detallaron.
Aparte, los funcionarios deberán “abstenerse de requisar, secuestrar, acceder y/o extraer sin orden judicial, los soportes de registro o materiales de trabajo de periodistas, fotorreporteros/as y trabajadores de prensa”.
“Las fuerzas de seguridad que intervengan en los operativos en contextos de manifestación pública tendrán expresamente prohibido realizar acciones que impidan a periodistas, fotorreporteros/as ytrabajadores de prensa o demás asistentes a la manifestación pública, el registro de imágenes y/o la obtención de testimonios en esas circunstancias”, culmina el proyecto.
