Pretende eliminar el financiamiento público en los tratamientos de adecuación corporal. La Federación Argentina LGBT se expresó: «Un retroceso inadmisible».
La Federación Argentina LGBT (FALGBT) emitió un comunicado en repudio al proyecto que modificaría la Ley de Identidad de Género, llevado adelante por los diputados Gerardo Milman, Lilia Lemoine y Carlos Zapata.
En otro más de los ataques que acumula la administración libertaria contra la diversidad sexual y de género, este proyecto propone eliminar el financiamiento público a los tratamientos de adecuación corporal para personas trans.
Este proyecto de modificación en la Ley de Identidad de Género o Ley 26.743 vulnera derechos adquiridos por la comunidad y excluye a las personas trans de operaciones que, para muchxs, significan salud mental.
Al respecto, la Federación Argentina LGBT, que nuclea a más de 150 organizaciones que luchan por los derechos de este colectivo, publicó un comunicado a través del cual manifestó su «profunda preocupación y absoluto rechazo» por este proyecto.
«Representa un retroceso inadmisible en materia de Derechos Humanos, al pretender desmantelar una ley reconocida internacionalmente por su carácter pionero y por garantizar el derecho al libre desarrollo de la identidad de género«, denuncia la FALGBT.
El conjunto de organizaciones que integran la Federación afirman que el proyecto libertario para modificar la Ley de Identidad de Género pretende «excluir del sistema de salud pública, obras sociales y programas sanitarios los tratamientos hormonales y quirúrgicos de adecuación corporal, trasladando el costo íntegro a las personas interesadas».
Contra los derechos del niño, niña y adolescente
Además, la FALGBT denuncia que la iniciativa de Milman, Lemoine y Zapata busca prohibir cualquier intervención médica en menores de 18 años, incluso con consentimiento informado, «negando el principio de autonomía progresiva y el interés superior del niño«; e introduce cambios en la registración de menores de edad lgbt, exigiendo el consentimiento unánime de ambos progenitores y la validación de un equipo interdisciplinario, «limitando el acceso a la identidad legal«.
Otras modificaciones que el proyecto propone a la Ley de Identidad de Género son la eliminación del principio de trato digno, volviendo el respeto al nombre autopercibido en ámbitos institucionales una decisión voluntaria y no obligatoria e introduciendo el principio de «neutralidad estatal».
La FALGBT denuncia que estas modificaciones «habilitan la negativa a respetar la identidad de género en espacios públicos y privados», y que el principio de «neutralidad estatal» se trata de prohibir que el Estado promueva, financie o difunda contenidos pedagógicos, campañas o charlas que reconozcan la identidad de género autopercibida en ámbitos educativos y organismos públicos.
Respecto a este último punto, cabe destacar que la decisión de prohibir al Estado el reconocimiento de la identidad de género no podría estar más lejos de lo «neutral».
El uso de este tipo de términos busca instalar como sentido común en el imaginario colectivo un acto profundamente político. Marcando a la diversidad como «lo politizado», el Gobierno logra ubicarse a sí mismo en el territorio de lo desmarcado, «lo normal», el default.
Pero no existe la neutralidad en la arena política, y en este clima de vulneración de derechos es más importante que nunca señalar, exponer sin tapujos esa intencionalidad política libertaria de construir enemigos, censurar, borrar la existencia de los demás y apelar constantemente a la eliminación del Otro.
