Será hoy jueves 29 de mayo a las 11 en la Plaza San Martín, en el marco de la Jornada Federal por la aprobación de la Ley de Emergencia en Diputados.
Hoy, jueves 29 de mayo a las 11, personas y organizaciones se movilizarán a la Plaza San Martín con el objetivo de visibilizar la crisis que vive la población discapacitada y exigir la aprobación del proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad en la Cámara de Diputados, que será tratado en el recinto el miércoles 4 de junio.
La protesta tiene lugar en el marco de la Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad, iniciativa de personas discapacitadas, familiares, organizaciones de Derechos Humanos y prestadores de servicios.
La movilización será replicada en plazas a largo y ancho del país. En Córdoba, el encuentro se replicará en Capital (Plaza San Martín), Villa María (Plaza Centenario) y Río Cuarto (Plaza Roca).
Por qué hace falta declarar la Emergencia
Prestadores de servicios denuncian que cobran con meses de demora, no les actualizan honorarios y algunas instituciones corren riesgo de cerrar o ya cerraron debido a la falta de presupuesto.
Esto se traduce en el mismo fenómeno que atraviesan las universidades y el sistema científico: pérdida de puestos de trabajo, profesionales que migran a sectores mejor remunerados, personas abandonadas por el Estado que deja de ser garante de derechos.
En las auditorías masivas que realizó el Gobierno sobre las Pensiones No Contributivas a principio de este año se utilizaron criterios profundamente discriminatorios, la pésima logística generó grandes filas al rayo del sol y beneficiarios que tuvieron que trasladarse muy lejos de sus viviendas, y el recorte afectó no solo a pensiones irregulares sino también a casos correctamente otorgados, dejando ingresos ni cobertura de medicamentos y tratamientos a gente en situación de extrema vulnerabilidad.
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad será tratado en Diputados el miércoles 4 de junio. De aprobarse, aseguraría hasta el 31 de diciembre de 2027 los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a prestaciones de salud, educación, trabajo, pensiones no contributivas y protección social.
También contempla el fortalecimiento de los prestadores básicos y el cumplimiento efectivo del cupo laboral, con incentivos para las empresas que contraten personas con discapacidad.
«Si tuviste un hijo con discapacidad es problema de la familia, no del Estado»
La situación de las personas con discapacidad está en un punto álgido de crisis. El Gobierno Nacional descargó la fuerza de su ajuste en los sectores más vulnerables de la población.
Con ese objetivo en mente, en enero anunciaron la resolución 187/2025 en donde anunciaron la auditoría de alrededor de 300.000 Pensiones No Contributivas (para empezar; el número total que esperaban alcanzar era el millón), proponiendo criterios médicos de evaluación dignos del siglo pasado, discriminadores y contrarios a los DDHH, bajo el pretexto de la detección de irregularidades.
Recientemente la resolución fue derogada debido a la reacción de rechazo e indignación que generó, especialmente considerando que utilizaba términos como «imbécil», «idiota» y «débil mental» para referirse a personas con discapacidad mental. Derogada, sí, pero luego de ya haber dejado sin el beneficio a miles de personas.
Sin embargo el recorte sigue en pie: acusando a la ANDIS de corrupción, la gestión de Milei ya se encuentra preparando una nueva medida de auditoría, que dará a conocer en un futuro próximo.
Mientras tanto, con total normalidad, el director de ANDIS y abogado personal de Milei, Diego Spagnuolo, resume con total normalidad la crueldad antisocial de este gobierno: «Si vos tuviste un hijo con discapacidad, es problema de la familia, no del Estado», le dijo a una madre de un niño discapacitado. Cabe la pregunta de, si el Estado de Milei al final no sirve de nada ni ayuda a nadie, por qué los argentinos siguen pagándole impuestos.
