Este miércoles, unas 300.000 personas recibieron carta documento. Responder a la citación es obligatorio para no perder las pensiones por discapacidad. El gobierno nacional se encuentra auditando un millón de casos.
El año pasado, el gobierno nacional comenzó el proceso de auditoría de alrededor de un millón de pensiones por discapacidad a través del cual justificó un ajuste en el área.
Este miércoles fueron enviadas las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
Los pensionados de la PNCIL (cuya sigla significa Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral) deberán presentarse al PAMI para ser evaluados en su condición médica por un profesional, con la documentación solicitada.
Esta evaluación es un requisito obligatorio si se quiere continuar percibiendo la pensión. Se deberá justificar la ausencia 24hs antes en caso de no poder asistir.
Luego del chequeo médico, especialistas del ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) evalúan los antecedentes. Allí se define si la pensión continuará siendo otorgada o será revocada.
El titular del ANDIS es también el abogado del presidente Milei, Diego Spagnuolo. Desde antes de la auditoría, esta entidad ya fijó el ajuste en discapacidad que espera realizar: 900.000 mil millones de pesos.
«Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se mantienen, se espera generar un ahorro de 900.000 millones de pesos para este año» indican en el sitio oficial del gobierno, entendiendo que la salud pública de un sector tan vulnerable es un factor de recorte.
La auditoría fue ordenada por la gestión de Milei en el año 2024, en nombre de irregularidades detectadas. Según datos del gobierno, de 22.417 casos revisados hasta el año pasado, sólo el 20% cumplía con los requisitos legales.
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La auditoría, que se espera culmine en el primer semestre 2025, será progresiva y con especial énfasis en las pensiones otorgadas durante el anterior gobierno de Alberto Fernández.
El gobierno nacional acordó con la ANDIS y el PAMI la contratación de todo el despliegue médico y administrativo necesario para el procedimiento de auditoría.
Voz de alarma: qué dicen organizaciones sobre el ajuste
Este mes de febrero múltiples organizaciones que luchan por los derechos humanos de personas con discapacidad, como la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) se organizaron e interpusieron un reclamo ante la ANDIS.
El argumento es que el «Baremo para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral» recurre “a criterios médicos que desconocen el modelo social de la discapacidad”, es “abiertamente contraria a nuestro ordenamiento jurídico”, y utiliza «una terminología palmariamente discriminatoria».
«El proceso para definir quién debe percibir la pensión y quién no debe considerar las barreras culturales, económicas y sociales que enfrenta este grupo para ejercer sus derechos en condiciones de igualdad, así como los gastos adicionales en los que las personas incurren por tener una discapacidad», firmaron las organizaciones que presentaron su reclamo frente a Spagnuolo.
Con esto quieren decir que la exclusión laboral de personas con discapacidad a menudo excede a un simple porcentaje establecido por un baremo médico, por ende no se puede someter a ese único criterio la mantención o quita del beneficio.
El comunicado profundiza: “las personas con discapacidad enfrentan mayores barreras para trabajar que el resto de la población (…) no se trata de determinar si la persona puede o no trabajar por sus características individuales, sino de analizar si las condiciones estructurales en las que vive le permiten hacerlo realmente”.
“En lugar de analizar si el diagnóstico de la persona la hace ‘inválida’ o no, se podría considerar que circunstancialmente no está en condiciones de trabajar porque los prejuicios que existen hacia ella impedirán que sea contratada», agregan las organizaciones sobre el próximo ajuste en discapacidad.
