La CTA elaboró un informe de la situación nacional respecto a la represión a 500 días del gobierno de Javier Milei. Destacamos los datos más relevantes.
A 500 días del gobierno de Javier Milei, la CTA Autónoma elaboró un informe con datos que vinculan el deterioro laboral con la escalada de represión y punitivismo, herramientas esenciales para el objetivo libertario: la entrega a amigos y capitales extranjeros de los recursos naturales y humanos de la Argentina.
En el informe, el director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA, Daniel Godoy, resume la política nacional actual en la siguiente cita: «El brutal ajuste fiscal, la licuación deliberada del gasto público, la desregulación de precios y tarifas, y el manejo de la política cambiaria no constituyeron meras respuestas a una supuesta ‘herencia recibida’, sino el núcleo de un proyecto de país fundado sobre la extranjerización de los recursos, la primarización de la economía y la reconfiguración del trabajo en clave de ultraflexibilización» (Lozano et al., 2024).
Deterioro y recomposición del empleo; jubilados, el máximo enemigo del Gobierno
A 500 días de Milei, se eliminaron 195.674 puestos de trabajo, un 1,9% del trabajo registrado (a marzo del 2025): en el sector público 58.210 trabajadores menos, en el privado 115.353 trabajadores menos, especialmente en las áreas de construcción e industria, y 22.111 empleos menos en el rubro de las trabajadoras domésticas.
En contracara, creció el cuentapropismo tanto formal como informal, lo que permitió mantener en los números un desempleo «estable», de alrededor de 7,9%.
La economía creció un 5,8% entre el primer trimestre 2024 y el primer trimestre 2025, pero en este modelo la distribución de la riqueza se concentra en muy pocas manos. El salario real promedio cayó, respecto a 2017, un 25,8%.
El techo salarial mantiene los ingresos por debajo de la inflación. Crecieron el pluriempleo y las horas extras: se trabaja más y por menos dinero. Aumentó tanto el desempleo como la informalidad laboral, con mayor incidencia en los menores de 30 años.
Los jubilados perdieron el 18,7% de sus haberes respecto a 2023, y la caída es del 31,9% en comparación con 2022.
Quienes quedaron excluidos de la moratoria previsional se enfrentan a un escenario de pobreza aguda, pudiendo recurrir solo a la PUAM, cuyo valor es el 80% de una jubilación mínima.
El informe destaca algunos porcentajes del ajuste, que se configura del siguiente modo:
- el 14% del ajuste total se realizó sobre programas sociales para jóvenes, adultos y adultos mayores; un caso que se destaca es el Potenciar Trabajo, que desde diciembre de 2023 se encuentra fijo en $86.0000;
- el 12% del ajuste total se realizó sobre subsidios económicos, provocando aumentos en el precio del transporte público, tarifa de gas, tarifa de electricidad;
- el 22% del ajuste total se realizó sobre recortes en gastos de capital que se tradujeron en menores recursos para obra pública en todas las áreas (con mayor impacto sobre la obra vial en todo el país) y la adquisición de herramientas e insumos básicos de sectores como el de educación y salud; generando peores condiciones de trabajo para el personal, así como en la asistencia a los usuarios de estos servicios.
El modelo de Milei se sostiene a los palos: represión, punitivismo y criminalización de la protesta
En cuanto a la represión, el Monitor de la Represión del IEF-CTA sintetiza los datos: entre el 10 de diciembre de 2023 y el 31 de mayo de 2025 se registraron 73 protestas reprimidas, con 2.395 manifestantes heridxs y 277 detenidos.
Los más golpeados por el Gobierno Nacional, en todo sentido, son los jubilados: encabezan la lista con 19 protestas reprimidas, 1.297 heridos y 133 detenciones en el marco de sus protestas.
Para gasear manifestantes sí hay plata: cada operativo represivo de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene un costo estimado de $146,5 millones.
«Para dimensionar este gasto: solo tres operativos represivos equivalen a lo
que el Estado Nacional invirtió en el rubro “Construcciones” para el área de salud (obras para el almacenamiento de vacunas en distintas provincias) durante los primeros 6 meses de 2025″, señala el informe.
En cuanto a la criminalización de la protesta, el Gobierno Nacional se caracteriza por acciones que estigmatizan y persiguen a la movilización política.
Una de las estrategias fue la utilización de la línea 134 para desmovilizar, estigmatizar a referentes y militantes, así como para judicializar a las organizaciones sindicales, partidarias y sociales.
Otras son la saturación de fuerzas policiales en las protestas, registrando una cantidad desproporcionada en relación a cantidad de manifestantes y conflictividad; allanamientos de locales de organizaciones sociales o sindicales; detenciones arbitrarias e intervención de fuerzas paraestatales.
Por último, el informe de la CTA Autónoma destaca la incorporación de nuevas armas y formas de utilizarlas: pistolas lanzagases, gas pimienta «amarillo» y pistolas Byrna se utilizan indebidamente, causando incluso lesiones graves, como en el caso de Pablo Grillo, y una muerte, la de Fernando Gómez, trabajador bagayero de 27 años asesinado por un disparo de Gendarmería Nacional en Salta.
«Las lesiones fueron provocadas por diversos tipos de armamento y métodos represivos, entre los que se destacan golpes y empujones (60 casos), gas pimienta (45), uso de bastones (39), gases lacrimógenos (30), balas de goma (22), camiones hidrantes (7) e incluso, en un caso documentado, balas de plomo», desglosa el informe.
Tiranía en democracia
Daniel Godoy destaca el goce en la crueldad, en infligir dolor a otros, que caracteriza al Presidente Javier Milei. La violencia -económica, discursiva, represiva- del Gobierno Nacional es un componente indispensable, «no como anexo instrumental de un plan de ajuste, sino además como condición intrínseca a un modelo de tiranía en democracia».
Milei impulsa un modelo económico neoliberal y fascista que requiere de represión, punitivismo y criminalización de la protesta para su objetivo: entregar nuestros recursos y construir una masa de trabajadores pobres, agotados y despolitizados.
Frente al ataque al entramado social, resistencia viva y activa
La reestructuración que propone Milei es tanto económica y social. El informe de la CTA destaca sus tres ejes: precarización laboral, represión y criminalización de la protesta y acciones que atacan y debilitan al entramado social y la organización sindical y política.
El propósito de este plan es garantizar trabajadores alienados y empobrecidos que solo puedan pensar en sobrevivir, «restringiendo el tiempo y las capacidades disponibles para la organización sindical, la formación política y la defensa de derechos sociales fundamentales», destaca el informe.
Sin embargo y a pesar de todo, la resistencia popular sigue viva y activa: «la reestructuración regresiva choca contra una potencia organizativa que mantiene en disputa el ordenamiento que se pretende imponer», señala Godoy.
En efecto, a 500 días de Milei, la escalada de represión y punitivismo no logró neutralizar las protestas. Por el contrario, «funcionó como catalizador de una organización más creativa y solidaria (…) la violencia del Estado no es capaz de silenciar la lucha cuando se arraiga en la resistencia colectiva», culmina el informe de la CTA Autónoma.
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