La represión en el Puente Centenario no fue un hecho aislado. Ocurrió en un día políticamente sensible: este miércoles 11 de febrero comenzó en el Senado el debate por la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El proyecto, de 98 páginas y 213 artículos, llegó al recinto con 28 modificaciones incorporadas tras negociaciones contrarreloj con gobernadores, sindicatos y sectores de la oposición dialoguista. El oficialismo busca aprobarlo antes del 1° de marzo para enviar una señal de “disciplina fiscal” y previsibilidad a los mercados.
Pero mientras en el Congreso se habla de “modernización” y “reducción de la litigiosidad”, en la calle la respuesta fue otra: gases, golpes y detenciones.
Para sindicatos y organizaciones sociales, la reforma implica una reconfiguración profunda del sistema laboral argentino, que corre el eje de protección hacia una mayor flexibilidad en favor de los empleadores. En ese marco, la protesta en Córdoba reunió a jubilados, docentes de UEPC, trabajadores de ATE-CONICET, familiares de víctimas de gatillo fácil, estudiantes y organizaciones sociales. La convocatoria se desarrollaba de manera pública cuando la Policía provincial avanzó para dispersarla.
El saldo —hasta el momento— fue de al menos cuatro personas detenidas: una integrante de la comisión directiva de UEPC, un delegado escolar, una militante de Izquierda Unida y una periodista del medio cooperativo Enfant Terrible. Además, unas 30 personas resultaron afectadas por los gases, entre ellas docentes y la concejala Laura Vilches (PTS-Frente de Izquierda).
Desde las organizaciones denunciaron un intento de “disciplinamiento” frente al crecimiento de la protesta social y exigieron la liberación inmediata de quienes permanecen detenidos.
La doctrina de la “mano dura”, versión Córdoba
El operativo vuelve a poner en discusión el rumbo que viene tomando la política de seguridad en la provincia. En los últimos años, la narrativa de la “mano dura” ganó terreno en el escenario nacional de la mano de Patricia Bullrich. En Córdoba, la conducción del Ministerio de Seguridad parece transitar una sintonía similar.
Juan Pablo Quinteros, actual ministro provincial, ha mostrado alineamiento con la mirada que prioriza el endurecimiento de los operativos y la ampliación de herramientas de control. En 2025, su cartera adquirió dispositivos israelíes para tareas de inteligencia en la esfera virtual, cuestionados a nivel internacional por su potencial uso para persecución política en contextos de conflictividad.
También el año pasado, junto al rector Jhon Boretto, anunció el patrullaje preventivo de aspirantes a policía en predios de la Universidad Nacional de Córdoba, habilitando que estudiantes de segundo y tercer año de la Escuela de Suboficiales realizaran prácticas en el ámbito universitario. La medida generó preocupación en sectores académicos y estudiantiles.
En febrero de 2026, la Policía sumó nuevo equipamiento: cascos de protección balística RB3, gas pimienta de 85 ml, cartuchos 9 mm y antitumultos. El propio ministro se mostró probando públicamente uno de los nuevos dispositivos: un guante que transmite descargas eléctricas para reducir personas. La escena, difundida como demostración de modernización, fue leída por distintos sectores como un gesto de espectacularización del castigo.
En este contexto, la represión a quienes se manifestaban contra la reforma laboral no aparece como un exceso aislado, sino como parte de una orientación política que privilegia la respuesta coercitiva frente al conflicto social.
La pregunta queda abierta: en un escenario de ajuste y reformas estructurales, ¿la protesta social pasa a ser tratada como una amenaza? ¿Los trabajadores y trabajadoras que reclaman se convierten en el nuevo “enemigo interno” de un Estado que elige la fuerza antes que el diálogo?
