La Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín dispuso otorgar una medida cautelar por 6 meses para el normal desarrollo de las clases. La casa de estudios se encontraba intervenida desde el 24 de julio.
La Justicia decidió suspender la intervención de la Universidad Madres de Plaza de Mayo y otorgó una cautelar de seis meses para el normal desarrollo de clases.
Ayer, desde la prensa de la universidad comunicaron que la Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín, ordenó reconocer a los órganos universitarios y cesar toda hostilidad policial.
La Justicia suspendió la intervención de la UNMa y reconoció a los Órganos universitarios constituidos
— Prensa Madres (@PrensaMadres) November 19, 2024
La Justicia Nacional en lo Civil, Comercial y Federal de San Martín dispuso hoy otorgar una medida cautelar por 6 meses para el normal desarrollo de las clases en la UNMa. pic.twitter.com/T7lHYO7f5U
La resolución judicial fue requerida por las Madres de Plaza de Mayo y un conjunto de trabajadores y estudiantes. Supone la suspensión de la resolución del Ministerio de Capital Humano en donde se nombró un rector organizador en julio de este año.
Así mismo, la jueza Martina Isabel Forns ordenó «enviar fondos a la UNMa, reconocer su Consejo Superior y demás órganos universitarios y cesar toda hostilidad policial».
«La resolución judicial implica el pleno reconocimiento a la autonomía universitaria alcanzada por nuestra Universidad, que desde el mes de marzo resolvió que la rectora sea Cristina Caamaño y no el interventor que meses después designó el gobierno de Milei» indicaron desde la casa de estudios.
La suspensión de la intervención de la Universidad Madres de Plaza de Mayo fue celebrada por la comunidad educativa que se vio afectada por decisiones administrativas del gobierno de Javier Milei.
Por ejemplo, sufrieron el ahogo presupuestario dado los recortes contra la educación superior, la mencionada intervención en julio del Ministerio de Capital Humano, que puso frente a la sede a Eduardo Maurizzio, y el bloqueo policial de la sede el 2 de septiembre; y el ataque por parte de personas «no identificadas» el pasado 1 de noviembre, que ingresaron al edificio y se llevaron documentación digital y en papel, además de generar rotura de muebles y computadoras.
