El Gobierno decidió apelar la cautelar. No obstante, sigue en pie y la cartera conducida por Sandra Pettovello tiene 72 horas para ejecutar la distribución de alimentos guardados en galpones.
Por una orden del juez federal Sebastián Casanello, el Ministerio de Capital Humano deberá diseñar un plan para distribuir los 5 millones de kilos de alimentos guardados en dos galpones.
El Gobierno decidió apelar la cautelar. No obstante, sigue vigente y la cartera conducida por Sandra Pettovello tiene 72 horas para ejecutar la distribución.
El ministerio en cuestión había planteado que la decisión sobre el criterio de entrega de la mercadería a los comedores comunitarios responde a una política pública y por eso es un asunto «no judiciable». El magistrado ya había dicho que es una cuestión penal donde está en riesgo el derecho a una alimentación adecuada.
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Una asociación mendocina pidió sumarse como querellante: este mes los llamaron desde el área de «Abordaje Comunitario» para avisarles sin explicación que no recibirían más asistencia para dar de comer a personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto trascendió la resolución del juez, la gestión de Milei dijo que apelaría para que intervenga la Cámara Federal. Así lo anunció el vocero Manuel Adorni, quien sostuvo que el alimento estaba resguardado para «emergencias y catástrofes», aunque antes había reconocido que estaba retenido en forma deliberada por las auditorías de Pettovello.
Capital Humano en un comunicado dijo que estaba guardado porque antes lo utilizaban «las organizaciones» «para los comedores fantasma». En la apelación no hay alusiones a las situaciones de emergencia, pero sí se intenta mezclar este expediente contra la ministra y su administración con otro que inició ella este mes como contraataque por supuestos comedores inexistentes, algo que aún no probó.
Casanello advirtió que «no hay conexidad declarada» entre los dos expedientes al conceder la apelación, ni «impacto de la medida» que le ordena a Capital Humano establecer el plan de reparto de lo que está acopiado en los galpones de Tucumán y Villa Martelli. La apelación acusaba a los denunciantes de «buscar un retroceso» en la causa que intenta acusar a las organizaciones de quedarse con fondos o comida.
Con información de Página 12.
