La Cámara de Apelaciones de Washington confirmó la sentencia contra el Estado argentino en la demanda impulsada por el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.
La Cámara de Apelaciones de Washington, en Estados Unidos, confirmó este martes 21 de julio la condena contra la Argentina en el juicio iniciado por el fondo Titan Consortium por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. Con esta decisión, el país deberá afrontar un pago superior a los US$390 millones, salvo que prospere alguna de las instancias legales que aún analiza el Gobierno.
El fallo ratifica la resolución dictada previamente por la Corte de Distrito del Distrito de Columbia, que había reconocido el laudo arbitral emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) y rechazado el planteo argentino sobre la prescripción del reclamo.
Según explicó el director de Latam Advisors, Sebastián Maril, la resolución también tiene consecuencias sobre otros litigios internacionales. «Esta decisión también reactiva el caso Webuild que estaba suspendido hasta que se decidiera el caso Aerolíneas», señaló.
Cómo comenzó la demanda
El conflicto se remonta a 2008, cuando el Estado argentino expropió Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur. A raíz de esa decisión, en 2017 el CIADI condenó al país a indemnizar con aproximadamente US$321 millones, además de intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias.
Argentina solicitó la anulación del laudo, pero ese recurso fue rechazado y la decisión quedó firme en 2019.
Posteriormente, Titan Consortium adquirió los derechos económicos derivados de ese laudo como cesionario de Teinver y otros demandantes, y en 2021 inició el proceso para que la Justicia estadounidense reconociera y ejecutara la sentencia arbitral.
La discusión sobre la prescripción
Uno de los principales argumentos de la defensa argentina fue que el reclamo estaba alcanzado por un plazo de prescripción de tres años. Sin embargo, en 2024 la Corte de Distrito determinó que el plazo aplicable era de 12 años y, sobre esa base, reconoció el laudo por un total de US$390.907.115,55, calculado al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores.
El Estado argentino apeló esa resolución, aunque la Cámara de Apelaciones confirmó ahora el criterio de primera instancia y dejó firme el plazo de 12 años, consolidando así la obligación de pago por un monto superior a los US$390 millones.
