El informe comparó los números oficiales del gobierno provincial de 2015 y 2024. El principal factor de ajuste fue el salario.
Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (FCS-UNC), la Provincia no cumple con los estándares que fija la ley sobre financiamiento de salud mental, que representa el 10% del presupuesto para salud.
Los autores del informe, Iván Ase y Jaschele Burijovich, aseguran que “siempre ese porcentaje estuvo alrededor de entre el 5% y el 6% (del presupuesto del Ministerio de Salud), pero ahora este proceso de ajuste lo está llevando alrededor del 4%”.
«El gasto en Salud Mental muestra la profundización de una tendencia declinante del porcentaje en relación con el total para Salud (del 4,91% al 4,51%). Es decir, que, en términos porcentuales, el gasto en Salud Mental tiene una tendencia a la baja de manera permanente y bajo cualquier circunstancia general» detallan en la investigación.
Desde 2015, el gasto en salud en la provincia se ajustó, en términos reales (descontando la inflación) alrededor de un 50%. El principal factor de ajuste fueron los salarios que perdieron un 50% de su valor y nunca se llegó a cumplir con el porcentaje de inversión estipulado por la Ley Nacional 26.657.
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Existen dos programas que hacen a las políticas de Salud Mental en la provincia: el 461, destinado al financiamiento de centros de salud mental; y el 681, que asigna presupuesto a políticas de prevención y tratamiento de adicciones. Si bien entre 2015 y 2023, el presupuesto en Salud Mental cayó 52%, el programa 461 lo hizo en 55%.
En términos relativos, quien mayores recortes percibió fue el Instituto Provincial De Alcoholismo y Drogadicción. La comparación entre 2015 y 2024, en relación con los cargos presupuestados en cada subprograma 461, da como resultado una “disminución de 250 cargos durante el período”.
De todas formas, el investigador Ase asegura que se puede vislumbrar algunos logros parciales en los últimos años, pero que están opacados por un proceso de ajuste generalizado que lo que está generando es un fuerte deterioro y una disminución de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba.
La referente de salud mental, Burijovich, remarca que les parece importante plantear que sí hubo avances a nivel municipal. Se creó una subsecretaría de salud mental y adicciones, que tiene un consejo que dialoga con las organizaciones sociales y también abrieron dispositivos en territorios para atender la problemática de la salud mental en Córdoba capital.
Los autores del informe enfatizan en que hay un claro ajuste fiscal y por su parte, el Estado provincial asegura estar comprometido con las leyes de salud mental y su implementación, pero se aleja y contradice con las condiciones concretas denunciadas por colectivos y actores que integran el campo.
Ase argumenta que la Provincia, además de no cumplir con los estándares que fija la ley, está sacando del área los recursos que ya tenía destinados a la misma, por lo que no solo no cumplen con el financiamiento establecido, sino que a su vez lo disminuyen.
