En noviembre, Córdoba será escenario de una nueva edición de la Marcha de Salud Mental. La movilización tendrá como contexto un ajuste público sin precedentes.
Por Gastón Marmay
El 29 de noviembre se llevará a cabo la 11ª Marcha por el Derecho a la Salud Mental en Córdoba.
Según el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos, la Argentina está siendo sometida, por parte del Gobierno nacional, a un ajuste del gasto público que provoca un “enorme impacto en términos de empobrecimiento generalizado de nuestra sociedad, en particular, de los sectores más vulnerables, y afecta la posibilidad de prestar los servicios estatales en la mayoría de sus áreas”.
Desde el Observatorio enfatizan en que hay un claro ajuste fiscal y, además, el Estado provincial asegura estar comprometido con las leyes de salud mental y su implementación, pero se aleja y contradice con las condiciones concretas denunciadas por colectivos y actores que integran el campo.
«La provincia asocia las críticas sobre las limitaciones e insuficiencias de este proceso, las denuncias por falta de recursos, personal o servicios comunitarios no manicomiales, con resistencias al cambio, politización de las problemáticas o impaciencia», sostienen.
La visión de especialistas sobre el recorte
Para la magíster, referente en el campo de la Salud Mental e integrante del Colectivo por el Derecho a la Salud Mental, Jaschele Burijovich, las condiciones de vida, el aumento de la pobreza y la retirada del Estado en relación con las políticas de cuidados generan un enorme malestar e impacto sobre la salud mental de la ciudadanía.
«Este malestar se ha extendido, sobre todo en las mujeres, en los jóvenes. Ya la salida de la pandemia generó un enorme problema de salud mental que no fue totalmente atendido y a esa situación se le suma ahora esta caída en las condiciones de vida de un sector enorme de la población», dijo.
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En Argentina existe la Ley de Salud Mental N.º 26.657, que asegura, entre otras cuestiones, el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas, y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas con padecimiento mental que se encuentran en el Territorio Nacional.
Fue promulgada en 2010, reglamentada en 2013, y confirmada en el Código Civil de 2015. Cuenta con el apoyo de distintas organizaciones nacionales, regionales y mundiales, y cumple con los lineamientos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de Salud).
Burijovich, que también es parte del Observatorio de Salud Mental y DD. HH., argumenta la importancia del cumplimiento de esta ley, puesto que “no solo avanza en la desmanicomialización que es fundamental, sino que también avanza en un abordaje comunitario de las problemáticas de salud mental”.
Siguiendo a Iván Ase, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, desde la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental, “ni los gobiernos nacionales ni los gobiernos provinciales cumplieron con la exigencia presupuestaria que la ley nacional impone, es decir, que por lo menos, el presupuesto para salud mental sea el equivalente al 10% de lo que se destina a salud. Eso no se ha cumplido nunca”.
De todas formas, afirma que con Milei la situación se está agravando porque el gobierno “probablemente empiece a poner menos dinero de lo que ya se ponía, dado el ajuste de las cuentas nacionales y que ese ajuste, además, se traslada a las provincias, y complica darle continuidad al proceso de implementación de la ley. Esto implica un retroceso en el proceso de implementación”.
Jaschele asegura que el “gobierno libertario ha puesto en jaque los servicios públicos fundamentales como el de salud mental. Ya en el borrador del primer proyecto de la Ley de Bases (que se presentó en enero), había ocho artículos específicos de salud mental que desvirtuaban absolutamente el espíritu de la ley (26.657), su carácter interdisciplinario, la cuestión del cierre de los manicomios”.
Según nos contó la referente de salud mental, tras movilizaciones y reuniones con legisladores lograron una “primera pequeña victoria” porque esos artículos fueron retirados de la Ley de Bases.
Ante esto, el investigador Ase apunta que dentro del gobierno nacional hay sectores que consideran que la ley debe ser reformada. «Aunque no están planteando la derogación lisa y llana de la ley, sí están planteando reformas de algunos artículos que cambian sustantivamente el espíritu de la ley de salud mental».
La situación en Córdoba
En relación con lo que sucede con la implementación de las leyes a nivel provincial- Córdoba tiene la normativa 9848 de Salud Mental- el ajuste nacional impacta sobre la provincia.
Como plantea el investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, Iván Ase, “más allá de que las autoridades provinciales sostienen un discurso de compromiso con la implementación de la ley y que además muestran algunos resultados, este proceso no logra transformar el sistema de salud mental en algo virtuoso porque se ha hecho en el contexto de un muy fuerte ajuste del gasto salud mental y salud en general, que se lleva adelante en la provincia desde por lo menos el año 2015”.
El Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos presentó un informe sobre el gasto en Salud y Salud Mental de 2024, elaborado por Jaschele Burijovich e Iván Ase.
- Se compararon las ejecuciones presupuestarias al 30/6 de los años 2023 y 2024 publicadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba. El gasto en Salud al 30/6/24 está retornando al porcentaje histórico del 10% del total. No por la asignación de más recursos, sino como producto del ajuste del gasto provincial general durante este año.
- El gasto en Salud Mental muestra la profundización de una tendencia declinante del porcentaje en relación con el total para Salud (del 4,91% al 4,51%). Es decir que, en términos porcentuales, el gasto en Salud Mental tiene una tendencia a la baja de manera permanente y bajo cualquier circunstancia general.
Para Jaschele Burijovich, “este ajuste no ha sido solo en los hospitales monovalentes, sino que se han ajustado todos los programas de salud mental, incluso aquellos programas de salud mental que van en la dirección de ampliar derechos en este campo. Eso nos parece sumamente grave”.
Desde 2015, el gasto en salud en la provincia se ajustó, en términos reales (descontando la inflación) alrededor de un 30%. Según Iván, “la provincia nunca puso lo que los estándares nacionales obligan, es decir, el 10% del presupuesto de salud en salud mental. Siempre ese porcentaje estuvo alrededor de entre el 5% y el 6%, pero ahora este proceso de ajuste lo está llevando alrededor del 4%”.
Ase argumenta que la provincia, además de no cumplir con los estándares que fija la ley, está sacando del área los recursos que ya tenía destinados a la misma.
El investigador asegura que se puede vislumbrar algunos logros parciales en los últimos años, pero están opacados por un proceso de ajuste generalizado que lo que está generando es un fuerte deterioro y una disminución de los servicios de salud mental en la provincia de Córdoba.
Burijovich remarca que sí hubo avances a nivel municipal. Se creó una Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones que tiene un consejo que dialoga con las organizaciones sociales. También abrieron dispositivos en territorios para atender la problemática de la salud mental en Córdoba capital.
En tiempos de ajuste público, el acceso a la salud mental está en riesgo. La respuesta deberá ser colectiva, con la ciudadanía exigiéndole a los gobiernos que resguarden este derecho fundamental.
