Con el aval de la Cámara de Diputados, resta una nueva ronda de reuniones con el equipo técnico del organismo para cerrar la letra chica del programa. Más deuda para todos los argentinos.
Sin detalles sobre el contenido del acuerdo, el presidente Javier Milei anticipó que, para mediados de abril, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobaría el trato con Argentina, que ya fue ratificado en Diputados.
Con la cuestión legislativa resuelta por decreto, al equipo económico le queda una nueva ronda de reuniones con el staff técnico del organismo para cerrar la letra chica del programa.
Si esa aprobación se produce en los tiempos previstos por Milei, se cumplirá con la proyección oficial de tener aprobado el acuerdo de apoyo financiero en el primer cuatrimestre del año. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, supervisan la negociación técnica.
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Pero será directorio del Fondo el que definirá el monto final de la operación -entre el nuevo crédito y la refinanciación de vencimientos ya existentes- y cuáles serán las políticas económicas que exigirá al país, aunque se sabe que involucrarán medidas relacionadas con el tipo de cambio y la acumulación de reservas.
Todas las versiones coinciden en que el organismo considera que el “crawlingpeg” (suba gradual del dólar oficial) del 1% mensual es insostenible, ya que convirtió al peso en la segunda moneda más sobrevaluada del mundo, por lo que hay que acelerar la marcha hacia la liberación del cepo cambiario.
Algunos medios se animaron a afirmar que los directores del G7 -el grupo de las siete naciones más ricas del organismo- están de acuerdo con apoyar a Argentina -que es el país más endeudado con el FMI por unos US$41.000 millones-, para elevar ese pasivo en una cifra que iría de US$8.000 millones a US$12.000 millones.
Por lo pronto, si bien el DNU no termina de dar detalles del contenido del acuerdo, sí consigna que tendrá una duración prevista hasta 2035, con un período de gracia de cuatro años y medio, durante el cual el país no realizará pagos de capital al FMI -aunque sí deberá abonarlos a partir de 2029-.
