El CIN le solicitó al presidente Milei que ejecute la ley: «No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique», manifestó en un comunicado.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) reclama a la gestión del presidente Javier Milei la promulgación de Ley de Financiamiento Universitario.
El Poder Ejecutivo continúa demorando sin motivo la Ley aprobada en el Congreso, vetada por Milei y luego ratificada tanto por Diputados como por Senadores.
Es por ello que las autoridades del CIN difundieron un comunicado exigiendo que se ejecute la normativa, insistiendo una vez más en la gravedad de la crisis del sistema universitario y la necesidad de garantizar el funcionamiento de las casas de altos estudios.
«Advertimos que la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave«, señala el documento.
No hay excusas ni explicaciones para no respetar la Ley
El CIN recordó que «la ley sancionada ofrece una respuesta responsable que garantiza el sostenimiento de las universidades públicas y la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes».
«No hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada», señalan los rectores en el documento.
La ley ya pasó «dos veces al Congreso y la sociedad argentina se manifestó en tres oportunidades de manera conmovedora en apoyo a este reclamo».
La promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario es urgente y el accionar del Poder Ejecutivo pretende ignorar ilegalmente al Congreso y a la población.
En ese sentido, el CIN reclamó: «Solicitamos ahora al Poder Ejecutivo Nacional que, en cumplimiento de su responsabilidad y de los plazos legales establecidos, promulgue y ejecute este instrumento que garantiza la reparación tan necesaria».
Las universidades públicas argentinas enfrentan una de las crisis más agudas de los últimos tiempos, con salarios congelados, equipos de trabajo disueltos, docentes e investigadores que renuncian en una fuga de cerebros y cátedras suspendidas.
El Poder Ejecutivo tiene la obligación de promulgar la Ley que garantice el funcionamiento del derecho a la educación pública, gratuita y de calidad.
