Por vías legales, el expresidente sorteó el llamado a declarar que tenía ante la Justicia, en una de las causas de espionaje ilegal. Ya están las condiciones para que vuelva a ser citado.
Mauricio Macri iba a ser indagado este jueves al mediodía por las supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas sobre familiares de los tripulantes del Ara San Juan. Sin embargo, el expresidente alegó que alegó que para poder responder necesitaría primero que se le levante el deber de confidencialidad.
El detalle técnico legal que le permitió evitar la declaración ante el juez Martín Bava se inscribe en la ley 25.520 o ley de Inteligencia Nacional que requiere una autorización o liberación por parte de la autoridad competente para que pueda revelar información que se considera secreta o confidencial.
En el caso del expresidente tenía que mediar un decreto que ayer, hacia el final de la tarde, firmó el presidente Alberto Fernández. Por la condición de expresidente, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no podía relevar a Macri del secreto que blinda a la información que podía dar en la declaración judicial.
Es por eso que el actual presidente firmó el Decreto 750, que se publicó este viernes en el Boletín Oficial, por el cual se releva del «deber de confidencialidad» sobre temas de inteligencia nacional al expresidente Mauricio Macri.
Fernández consignó que relevó al expresidente por su condición de «imputado de un delito de acción pública, y con el fin de posibilitar el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado, así como la adecuada y efectiva actuación de los órganos jurisdiccionales».
En este marco, el juez Bava retomó el curso de la causa y volvió a citar a Macri para el próximo 3 de noviembre a una declaración indagatoria por el supuesto delito de espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de hundimiento del ARA San Juan.
