El proyecto de ley también afecta a los «limpia-vidrios». Ante la falta de consenso, legisladores oficialistas postergaron el tratamiento del proyecto.

Legisladores oficialistas decidieron postergar por falta de consenso el debate en la Legislatura sobre el proyecto que, entre otras medidas, restringía la actividad de «naranjitas» y «limpia-vidrios».
El proyecto de ley en cuestión se trata de una reforma del Código de Convivencia Ciudadana. Además de los puntos mencionados, la nueva normativa en discusión establece sanciones para quienes no cumplan con la vacunación obligatoria de sus hijas e hijos, en una iniciativa de salud pública que intenta recuperar las cifras de vacunación pre pandemia.
¿Qué dice el proyecto?
El debate del proyecto que envió Martín Llaryora a la Legislatura tiene algunos aspectos que generaron fuerte disenso entre el arco político: prohibir la limpieza de vidrios y sancionar a los «naranjitas» no habilitados.
Los artículos 60 y 60 bis planten el arresto de «naranjitas» no autorizados y prohíben totalmente la actividad de quienes limpian vidrios de autos en los semáforos.
La oposición no fue la única que se mostró reacia a la idea. También la Iglesia Católica envió un comunicado, difundido por la Pastoral Social, en el que critica duramente la exclusión que significa esta medida sobre personas claramente empobrecidas e insta a buscar alternativas: «no se trata de esconder la pobreza, sino de generar trabajo registrado, promover la inclusión y brindar oportunidades reales para ir derribando esos muros», reza el comunicado.
Tanto la oposición en la Unicameral como este sector religioso criticaron conjuntamente lo apresurado del debate, especialmente siendo fin de año y sobre un tema tan delicado.
El revuelo que levantó el proyecto y la falta de consenso hizo que el oficialismo de Hacemos Unidos por Córdoba decidiera postergar el debate en la Legislatura hasta febrero 2026.
Finalmente, las medidas que se debatieron el pasado lunes fueron otras propuestas para modificar el actual Código: mayores sanciones por evasión al control policia y por actitudes agraviantes contra personal educativo, equipos de salud, fuerzas de seguridad y otros agentes públicos.

