La Legislatura provincial avaló la explotación de cobre y oro en Uspallata y Malargüe pese a una histórica movilización en defensa del agua. Ambientalistas y organizaciones advierten que la iniciativa pone en riesgo la cuenca del Río Mendoza y profundiza la crisis hídrica.
La Legislatura de Mendoza dio luz verde al proyecto minero San Jorge, que permitirá la explotación de cobre y oro en el norte y sur provincial, específicamente en Uspallata y Malargüe.
La aprobación llegó con 27 votos afirmativos, seis negativos y una abstención, en una sesión atravesada por fuertes tensiones y por la presencia de miles de manifestantes que exigían rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Mientras se desarrollaba el debate, una multitud protagonizaba la “Gesta libertadora por el agua”, una caravana que recorrió más de cien kilómetros y desembocó en la capital mendocina.
Vecinos, asambleas socioambientales y organizaciones se movilizaron en autos, bicicletas y a pie bajo el lema “El agua no se negocia”, denunciando que el proyecto compromete la disponibilidad y calidad del recurso hídrico. Tras conocerse el resultado de la votación, la protesta se transformó en una nueva marcha de repudio.
Respaldo del Gobierno nacional
El presidente Javier Milei expresó públicamente su apoyo al proyecto, alineado con el gobernador Alfredo Cornejo. A través de redes sociales, el mandatario afirmó que la iniciativa implicará una inversión de 600 millones de dólares y permitirá producir 40.000 toneladas anuales de concentrado de cobre durante los próximos 27 años.
Mientras tanto, Cornejo participaba en Buenos Aires de una reunión del Consejo de Mayo, lejos del escenario provincial donde continuaba la masiva movilización contra la megaminería.
Preocupación por el agua y el impacto ambiental
Diversos colectivos ambientales, especialistas y habitantes de la zona sostienen que el proyecto San Jorge (actualmente denominado PSJ Cobre Mendocino) se ubica en un área ambientalmente sensible y podría agravar la ya crítica situación hídrica de Mendoza. También alertan que la actividad minera no garantiza mejoras económicas reales ni empleos de calidad para las comunidades.
Uno de los puntos de mayor preocupación es la posible afectación de la cuenca del Río Mendoza, que abastece al 75% de la población y es clave para el consumo humano y la producción agrícola.
Un conflicto que retoma debates del pasado
La situación revive las masivas movilizaciones de 2019, cuando la ciudadanía salió a las calles para impedir la modificación de la Ley 7722, que restringe el uso de sustancias tóxicas en la minería. Aquella presión social obligó a la Legislatura a retroceder.
En los últimos meses, el reclamo ambiental volvió a cobrar fuerza: vecinos, asambleas barriales, profesionales de la salud, científicos y organizaciones sociales retomaron las advertencias sobre los impactos de la megaminería en zonas frágiles.
La aprobación del proyecto San Jorge reabre así un conflicto persistente en Mendoza: la tensión entre el avance minero y la defensa del agua, con una sociedad que anticipa nuevas instancias de movilización.
