La resistencia de diferentes colectivos sociambientales contra las autovías de montaña es lo único que retarda avance, pero el Gobierno de Córdoba no da marcha atrás y usa a la Policía para amedrentar.
Este martes 6 de septiembre, la jueza Ferreyra del TSJ de Córdoba dejó firme el Habeas Corpus preventivo colectivo, presentado el jueves 29 de julio y ampliado el lunes 1 de agosto, que busca detener la represión que viene realizando el Estado sobre defensoras y defensores ambientales.
En un contexto de creciente persecución, esta medida judicial tiene como fin proteger a pobladores locales, activistas y comunidades indígenas de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, amenazados por la avanzada de las autovías de montañas y desarrollos inmobiliarios.
El periodista y ambientalista Juan Yacobs, secretario General de la CTA Autónoma de Punilla, dialogó con EL RESALTADOR sobre esta noticia y expresó: El hábeas corpus quedó firme, el Gobierno provincial perdió el plazo para apelar. Tenemos que ver que dicen los abogados. Esto corre por el Ministerio de Seguridad, dar lugar o no».
El entrevistado dijo que van a seguir ejerciendo su rol de defensores ambientales, seguirán yendo a frenar las máquinas con el habeas corpus en la mano, pero eso no les garantiza que la policía no los detenga, hasta ahora nada nos garantiza eso.
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«No tenemos manera de saber si lo van a acatar, el ministro de seguridad, Alfonso Mosquera, había dicho que no lo iban a acatar. Es una orden judicial, veremos cómo responde él. Eventualmente si se repiten detenciones por fuera del habeas corpus, si se incumple, habrá que hacer denuncias penales a este funcionario. Me parece que va a ser esa la acción si se repite la violencia institucional», adelantó Yacobs.
Por otra parte, señaló que a partir de ahora, la medida judicial recae sobre el Ministerio Público Fiscal, que tiene que instrumentarla. Si este organismo no acusa recibo del hábeas corpus, si dice que no le alcanza la competencia, no cambiaría mucho la situación de violencia y persecución en el marco del avance de la autovía de montaña:
«El tema es ahora la fiscal de Cosquín, Paula Kelm – quien ha estado detrás de las ordenes de desalojo de los ambientalistas- la presión que ella tiene que sentir, que esto se tiene que respetar».