En el contexto de emergencia sanitaria, y sobre todo en los períodos o lugares donde la cuarentena permanece en las fases más estrictas, las fuerzas de seguridad y las policías provinciales han copado el espacio público. Ante ese panorama, diferentes hechos de violencia policial han salido a la luz. ¿Cómo responde el Gobierno Nacional a esas denuncias?, de eso y más trata esta nota.
Por Emi Urouro
Le pregunté a Florencia Rodríguez, socióloga, becaria de Conicet e integrante del grupo de estudios sobre seguridad y policía (GEPyS-UNVM) – actualmente está cursando un doctorado en Antropología- sobre la participación de las fuerzas de seguridad, y de la policía de cada provincia, en la logística contra el coronavirus.
Desde mi punto de vista, ésta presencia en la vía pública era algo nuevo para gran parte de la sociedad, y quise saber ¿Por qué llama la atención de pronto ver tanto despliegue de la policía en las calles, en controles, etc? Me respondió que en Argentina, esta institución realiza una multiplicidad de tareas que van más allá de la prevención del crimen, y la persecución de los delitos o violencias.
“Teniendo en cuenta esta polivalencia de la función policial, me parece que las prácticas que vemos de control poblacional, en el caso de Córdoba, los agentes controlando todos los puentes de la ciudad, viendo quien pasa y quien no pasa, pidiendo papeles, en realidad son prácticas cotidianas, pero que en este contexto se leen desde otra óptica, desde otra gramática del sentido”, explicó la entrevistada.
Entonces ¿Qué es lo novedoso en esta situación extraordinaria? Para la entrevistada, es el giro en la función de esa práctica de control, la lectura de ese hacer, que deja de estar en torno a la seguridad, al orden público, y ahora se articula alrededor de otro bien común, que es la salud de todos.
La socióloga señaló que se ha difundido en los medios y desde las exposiciones gubernamentales, como discurso políticos, esta idea del policía del cuidado o que las policías y las fuerzas de seguridad vienen a cuidarnos durante esta pandemia.
“No se si tenemos o no una policía de cuidado, hay muchas pruebas que hemos visto en los medios de casos de violencia que parecen señalar lo contrario, pero por lo menos hay un discurso que quiere ir para ese lado, y eso es novedoso, nos llama la atención”, comentó.
La violencia policial no es algo nuevo. Para la especialista, es una práctica que tiene particularidades de orden más tradicional que se extiende a lo largo del tiempo y que ha continuado en este período de cuarentena o de aislamiento social obligatorio.
El miércoles pasado, La integrante de Correpi y militante contra la violencia institucional en todo el país, María del Carmen Verdú, informó que, a la fecha, “tenemos 61 casos confirmados de muertos en todo el país por abuso institucional”
¿El Gobierno Nacional o en nuestro caso, el Gobierno de Córdoba, ha otorgado un mayor poder a la policía o a las fuerzas de seguridad?
La entrevistada dijo que no ha habido mayor delegación de poder por parte del Gobierno hacia la policía. Creo que ha habido una visibilización muy clara de las funciones que cumple la policía, en unos territorios que han quedado vacíos porque estábamos o estamos replegados en nuestras casa o barrios, y no tanto en las calles.
“En ese sentido, es importante tomar como clave de lectura, esta idea de Marcelo Sain, hoy ministro de Seguridad de Santa Fe, de la policialización. Lo que dice es
que las policías van a tender, van a buscar, el autogobierno de sus fuerzas, y obviamente mayor libertad para poder actuar”, explicó la becaria del Conicet.
Pero, según la postura de la entrevistada, ese concepto del autogobierno no está presente en este contexto de pandemia. Rodríguez considera que no hubo una liberación del uso irrestricto de la fuerza policial.
“Esto se ve claramente, por ejemplo, en las declaraciones de la ministra Frederic, cuando salieron a la luz ciertos videos donde se observaba policías haciendo ‘bailar’- cometieron abusos- a jóvenes de sectores populares, y ella rápidamente pidió la separación de las fuerzas de esos efectivos, hubo una investigación en torno a esos sucesos”, comentó Florencia.
Ahora bien, el 15 de julio, la referente de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, manifestó en radio Delta: «Estamos en un momento en donde la política de Derechos Humanos está abandonada para los jóvenes, las policía los mata. Las madres van a reclamar por sus hijos y nadie les presta atención».
Quise saber qué opinaba la socióloga sobre esa crítica. Fue clara, dijo que el caso de Facundo Astudillo Castro es algo que no nos tenemos que permitir como sociedad, con la historia que tenemos de organizaciones de derechos humanos, de luchas por estos derechos.
“Exigimos la aparición con vida de Facundo, con toda la trasparencia y legalidad de investigaciones judiciales que den cuenta de que pasó en el retén policial, y que los responsables cumplan con las penas que la justicia dictamine”, enfatizó Rodríguez.
Así mismo, sostuvo que es necesario comprender que la violencia policial es una práctica instalada en muchas fuerzas de seguridad, y que los mismos actores policiales legitiman al interior. Contó que esto ha sido estudiado por numerosos autores, especialemte en Bs.As en capital y provincia.
En relación al párrafo anterior, planteó que hay una complejidad para comprender cómo se entiende la violencia para estos funcionarios.
Destacó la necesidad de volver el uso de la fuerza, que es su función, de la manera más democrática y transparente posible. Para que no sucedan más casos como el de Facundo Rivera Alegre en Córdoba, y numerosos otros jóvenes que ha matado la policía.
“Es necesario entender a la violencia policial como algo estructural, y que no se pueda transformar de un día para el otro. Hay luchas extensas y creo que hemos ganado terreno en este aspecto”, señaló la socióloga.
Como ejemplo de la idea previa, nos recordó la separación del cargo del subcomisario Pablo Reguilón, que estaba interviniendo y tratando de malograr la investigación en torno del caso de Facundo Castro. Afirmó que eso es un signo de transformación y de un cambio hacia la democracia, hacia los DD.HH, hacia una mejor sociedad.
“En este aspecto es clave mirar la respuesta gubernamental a los abusos y las violencias, y como rápidamente el Gobierno Nacional, la ministra de Seguridad ha separado del cargo a quienes han aparecidos vinculados a situaciones de abuso y violencia», profundizó Rodríguez.
Para la entrevistada, esta señal es fuerte y clara hacia el interior de las fuerzas, es decir, que no se van a permitir y no se van a aceptar ese tipo de prácticas, van a haber investigaciones y sanciones necesarias para desalentarlas y castigarlas.
Desde la perspectiva de la investigadora, esa postura estatal es central, la considera “como una punta de lanza” hacia una sociedad y una policía más democrática, más justa respecto los derechos humanos y las vulnerabilidades.
Sobre el punto anterior, aclaró que no son solo los jóvenes, hay muchos actores vulnerables: los pueblos originarios, los migrantes, las personas trans. “Hay una serie de colectivos que sufren abusos y maltratos por parte de la fuerza, y las decisiones políticas de los gobiernos de no apañar, no consentir esas prácticas son centrales para lograr un cambio”, concluyó.
