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Organismos de DDHH de Córdoba denuncian violencia institucional

Publicado por:El Resaltador

Denunciaron al fiscal Ernesto de Aragón y a los responsables de las fuerzas policiales por las detenciones en la protesta del 28 de agosto.

Organismos de DDHH de Córdoba denunciaron violencia institucional y criminalización de la protesta social.

La Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba y la Guardia Jurídica, junto a otros organismos de derechos humanos, presentaron una denuncia contra el fiscal Ernesto Rafael de Aragón, quien ordenó las detenciones que tuvieron lugar durante la protesta del 28 de agosto, convocada por la CTA Autónoma y organizaciones sociales, en reclamo de alimentos para comedores.

Ese día 15 manifestantes, entre ellos Federico Giuliani, el secretario General de ATE y CTAA, fueron apresados mientras reclamaban por insumos y alimentos para los sectores populares frente a la sede de la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano de la Municipalidad de Córdoba, en 27 de Abril 784. 

La situación fue descripta por los militantes como una trampa: habían acordado reunirse con autoridades municipales para discutir el reclamo por alimentos, pero al entrar al predio la Policía de Córdoba los encerró dentro y procedió a detenerlos violentamente. Los miembros de las fuerzas que reprimieron a Giuliani luxaron su hombro y codo.

Los manifestantes permanecieron detenidos, primero en Tribunales y luego en la Cárcel de Bouwer, hasta su liberación el 1 de septiembre. Giuliani denunció que estuvo esposado en el Hospital Misericordia sin agua ni comida por 24 horas.

El secretario general encabezaba el reclamo ante la Municipalidad, denunciando que los alimentos e insumos que distribuye el ente disminuyeron drásticamente en los últimos meses.

Violencia institucional y abuso de autoridad

En ese marco, organismos de DDHH indicaron a través de un comunicado que los manifestantes «fueron emboscados y detenidos en un operativo desmedido, con violencia institucional y abuso de autoridad».

La denuncia fue realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) -regional Córdoba, Villa María, Río Cuarto y Río Tercero-, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba Asociacion Civil, Agrupación ex Presos Políticos por la Patria Grande, e H.I.J.O.S. Córdoba (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio). 

Al fiscal De Aragón se lo acusa de emular localmente el «protocolo antipiquetes» de la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, atentando contra «el derecho a la protesta y la libre circulación». 

La Mesa indicó que también se impulsarán acciones contra los responsables policiales de la represión.

«Entendemos que el hambre es un crimen y que las políticas públicas en materia socioeconómica del Gobierno nacional no hacen más que engrosar la lista de personas, y en especial de niños y niñas, que cada día quedan sin un plato de comida para poder garantizar un correcto y normal desarrollo cognitivo», indicaron desde la organización en su comunicado.

 «La conflictividad social no se resuelve con represión», puntualizaron los organismos de DD.HH. 

En su texto, difundido en redes sociales, la Mesa agregó: «Porque el hambre es un crimen y la protesta social no se criminaliza ni se reprime, exigimos: basta de violencia institucional, respeto a los derechos humanos y políticas públicas para garantizar el derecho a la alimentación».

El fiscal de Aragón acumula denuncias

Días antes de la denuncia de estos organismos respecto a las detenciones del 28 de agosto, los abogados Claudio Orosz y César Theaux también presentaron ante la Justicia una denuncia en contra del fiscal de Aragón. En el escrito se incluyeron también a los subcomisarios Ezequiel Romero y Edgardo Pérez y el sub inspector Rey, por haber sido los jefes policiales que intervinieron en el operativo que derivó en las detenciones. 

En la denuncia, se acusa al funcionario judicial y a los policías de «abuso de autoridad, incumplimiento a los deberes de funcionario público y privación ilegítima a la libertad”. En declaraciones al medio Cba24n, el abogado Orosz agregó que a estas acusaciones podrían sumarse otras, como «severidades y torturas». 

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