Modificaron el Código de Convivencia en la Legislatura

Mientras los ojos de la agenda mediática estaban en el tratamiento de la Ley de Alquileres, en Córdoba el oficialismo aprobó una modificatoria de la normativa para incluir como figura delictiva a las "acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada". ¿Qué implicancias tiene?

Ayer, el oficialismo aprobó la modificación del Código de Convivencia en la Legislatura de Córdoba.

En perspectiva, las modificaciones comprenden a los artículos 70, 122, 129 y 135 de la normativa, fundamentado que se trata de prevenir "hechos lamentables de ataque a la propiedad y a la integridad física de las personas, lo que popularmente se conoce como saqueos y/o ataques piraña".

En el artículo 70 se incorpora la figura contravencional de "Acciones atemorizantes para la ciudadanía o amenazantes para la propiedad pública o privada". Ante esta vaga definición se precisa que se refiere a "quienes en la vía pública o lugares de acceso público, en actitud amenazante o intimidante, formaren parte de aglomeraciones de más de tres personas con el objetivo de atemorizar a las personas o causar perjuicios a la propiedad pública o privada".

Se indica que quienes acaten la orden de disolver la reunión estarán exentos de las penas previstas que son hasta veinte días de trabajo comunitario, multa de hasta treinta Unidades de Multa o arresto de hasta quince días.

Además, se consideran como agravantes, llegando a duplicarse las sanciones:

• Cuando las personas detenidas sean quienes convoquen u organizan estas reuniones, incluyendo los mensajes de redes sociales.
• Cuando se incite la participación de menores de edad.
• Cuando se utilicen vehículos o motovehículos en el hecho.
• Cuando se haga alarde del temor provocado, del daño causas o del botín obtenido.

Otras modificaciones amplían la posibilidad del secuestro de bienes personales de las personas sancionadas. Se establece que, de manera precautoria, las fuerzas de seguridad pueden proceder al secuestro "aparatos de telefonía móvil, tablets, computadoras portátiles, inhibidores de alarmas, vehículos y motovehículos".

Por último, se establece que se pueden aplicar medidas cautelares de hasta 60 días, sobre estos delitos., como:

• Prohibición de acercamiento de la persona supuestamente agresora al lugar de residencia, trabajo, estudio, esparcimiento o a los lugares de habitual concurrencia de la víctima u otras personas afectadas por la contravención.
• Prohibición de comunicación y contacto por cualquier medio -incluso telemáticos o a través de redes sociales- de la persona supuestamente agresora con la víctima o testigos.
• Prohibición de concurrencia para asistir, ingresar o permanecer en un lugar determinado.
• Disponer reglas de conducta que resulten adecuadas y toda otra medida que considere conveniente para hacer cesar los efectos de la contravención.

El proyecto completo, acá abajo.

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Recepciones de las medidas

El oficialismo aprobó la modificación en soledad mientras que tres legisladores radicales, el bloque del Frente de Izquierda, Encuentro Vecinal y el bloque unipersonal Independiente, votaron en contra.

La principal razón del voto en contra es que consideran que no hay modificaciones sustanciales en el aspecto legal y consideran que se trata de una medida "electoralista".

Por su parte, mediante un comunicado, la legisladora Luciana Echevarría opinó que “la reforma es inconstitucional y además un mamarracho. Va contra el principio de legalidad, porque incorpora figuras tan vagas como la ´actitud intimidante o amenazante`, cuya amplitud habilita un margen de discrecionalidad enorme y eso, en manos de la policía asesina de Schiaretti ya sabemos lo que significa".

Al respecto, también consultamos al Frente Antirrepresivo en Lucha desde donde indican: "es una modificación que podríamos decir que atrasa muchísimo en procesos de lucha o que los avasallan. Es algo que viene haciendo el gobierno provincial, bajo cualquier excusa implementa reformas represivas".

A su vez, señalan que es una modificación dada bajo la actual situación económica y que va dirigida a los sectores más vulnerables.

"Lo que hace esta modificación del código de convivencia es volver a implementar lo que anteriormente la figura del merodeo. Y tiene una intencionalidad clara que es la de perseguir a los sectores más pobres y más vulnerados en medio de una crisis económica, institucional y política".

También apuntan que se vuelve a poner en manos de la policía la posibilidad de ser juez en el ámbito público: "Las fuerzas de seguridad vienen a tener el rol de policía, de juez y de observador. La persona que esté en primera instancia puede juzgar por la actitud sospechosa que vos puedas llegar a tener y que es totalmente subjetiva" de la persona que está observando".

Por otra parte, también resaltan que se discuten los mensajes en redes sociales que pueden utilizarse a la hora de juzgar hechos. "También es bastante interesante que se habla de la utilización de las redes sociales para la incitación a la violencia pública. Eso es algo que preocupa bastante también porque ya ha habido experiencias de imputaciones para personas que estaban haciendo un chiste en una red social. Lo que pasa es que eso también abre mucho el juego a la interpretación que cada uno quiera darle a un mensaje en una red social" afirmaron.

Por último, también señalan que es una modificación del Código de Convivencia en la Legislatura con un sentido electoralista.

"Es una cuestión que busca satisfacer el voto bronca, el voto bala, el voto de los sectores más reaccionarios y que nuevamente vuelve a poner el foco la situación en las personas vulneradas y no en la situación de crisis política, institucional y económica que ellos mismos han generado. Porque la situación de pobreza, en donde un 50 o 60% de la población está por debajo del índice de pobreza, siguen queriéndolo solucionar por medio de más represión".

Cuestión Legal

También hablamos con la abogada Victoria Siloff al respecto de la modificación sancionada ayer, quien apuntó la ambigüedad de las figuras incluidas. Al respecto, señaló que se le da una mayor discrecionalidad al policía "lo que es preocupante dados los hechos de corrupción policial en Córdoba. A su vez, resaltó que la policía ya tiene en su poder la tarea preventiva en el Código Penal por lo que las fuerzas de seguridad "no tienen las manos atadas como se apunta en algunos momentos".

Esta reforma, "genera una legislación sobreabundante ya que si bien con el Código Penal ya pueden actuar, esta modificación resulta como una pantalla para amedrentar a la juventud como se hizo con el código de convivencia y el código de faltas porque es una cuestión administrativa, no penal. Pero queda un antecedente, la persona puede ser demorada por no más de ocho horas. Pero eso ya genera un temor y un amedrentamiento".

De esta manera, con la modificación del Código de Convivencia realizado en la Legislatura, se suma a la criminalización de la juventud como causa del problema "cuando no se mira el origen de estos actos de violencia/necesidad de la sociedad. Otra cosa preocupante es que también se autoriza el secuestro de celulares y otros elementos cuando no son utilizados para cometer un delito".

De esta manera, "se están vulnerando garantías porque el secuestro de objetos en manos de la policía no entra en el respeto que implica el secuestro de celulares en el marco de un proceso penal". Ese secuestro puede vulnerar el derecho a la intimidad de la persona y que la policía pueda secuestrar objetos a discrecionalidad.

Por último, destacó que "no le faltan herramientas de prevención al policía. El patrullaje y el control ya lo pueden hacer. Entonces esto responde a otros intereses y genera como consecuencias mayor temor, mayor amedrentamiento, criminalización de la juventud y va a llegar a generar, si no hay un correcto control de los ayudantes fiscales, mayor autoritarismo por parte de la policía y por ende mayor violencia".

En esta nota: código de convivencia, violencia institucional