Misión de DDHH advirtió sobre la violencia estatal en Jujuy
La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos finalizó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión en Jujuy y señaló situaciones de "terror generalizado". En el marco de la represión en Purmamarca y San Salvador de Jujuy, la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó […]
Por Agustina Bortolon | 06/27/2023
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La Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos finalizó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas de la represión en Jujuy y señaló situaciones de "terror generalizado".
En el marco de la represión en Purmamarca y San Salvador de Jujuy, la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyó su trabajo de relevamiento y toma de testimonios a las víctimas y advirtió sobre situaciones de "terror generalizado y de represión policial amplificada".
El trabajo fue ejecutado por el equipo de referentes sociales, políticos y sindicales y permitió la recepción de más de 150 denuncias en distintas localidades de la provincia: Purmamarca, Tilcara, Abra Pampa, Uquía, Perico y San Salvador de Jujuy.
Gonzalo Armoa, integrante de la delegación, expuso: "Nos llamó la atención heridas de bala a gente mayor, gente de las comunidades, muchos jóvenes con disparos en la cara, moretones que podría darse a entender que son de piedrazos y gente que ha respirado gases sufriendo irritación en su garganta y ojos".
Además, observaron situaciones de "criminalización y revictimización de muchas de las personas heridas o incluso detenidas arbitrariamente".
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Después de procesar los datos, la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos hará un informe preliminar para luego elevarlo a distintas instancias internacionales como la ONU, OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ONG's internacionales y a todos los organismos competentes ya sea judiciales como legislativos y ejecutivos del ámbito nacional.
La reforma de Morales
Hace una semana, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aprobó la reforma constitucional de la Provincia en medio de un fuerte conflicto social. Gremios estatales y docentes, movimientos sociales y pueblos originarios rechazaron esta decisión con manifestaciones en las calles de distintas localidades.
Uno de los puntos más criticados de la reforma constitucional es el cercenamiento del derecho a protestar. Además, los puntos modificados allanan el terreno para el avance del negocio del litio en la provincia.
La modificación constitucional fue aprobada de apuro en tres semanas. Sumado a esto, Morales intentó el lunes 19 de junio volver a cambiarla, lo cual derivó en álgidas protestas.
La respuesta estatal a las manifestaciones fue una represión despiadada. Durante cuatro horas la ciudad quedó envuelta en disturbios, y al terminar el día había 69 personas detenidas, unas arrestadas en la movilización y otras en posteriores redadas policiales por los barrios. Los heridos ya suman casi 200 personas.
El mensaje coercitivo de los operativos fue reforzado con una orden de la Justicia Federal de desalojar los cortes de ruta en las localidades de Purmamarca, Libertador (Ledesma) y San Pedro.
