El colectivo de personas con discapacidad celebró el triunfo tras una larga lucha por esta ley y adelantó que vigilará su aplicación efectiva.
Tras siete meses de que la ley haya sido sancionada en el Congreso y el Poder Ejecutivo la trabara de todas las formas posibles, finalmente Milei, obligado por la Justicia, aplicó la Emergencia en Discapacidad.
El fallo que dio el revés en esta historia fue en Campana, Provincia de Buenos Aires, tras amparos presentados por familias de personas con discapacidad.
El juez Adrián González Charvay intimó al Ejecutivo a entregar un informe de avances y estableció el 4 de febrero como tiempo límite para aplicar esta ley a lo largo y ancho del país.
La crisis aguda del sector comenzó cuando el Gobierno Nacional decidió en 2025 recortar miles de pensiones no contributivas, no actualizar montos salariales a prestadores de servicios, retener fondos durante meses y realizar declaraciones profundamente discriminatorias. Ante ese escenario, lejos de la pasividad, el colectivo de personas discapacitadas sostuvo una lucha incesante primero por la declaración de Emergencia y luego por la aplicación efectiva de la ley una vez sancionada.
En ese contexto, organizaciones y autoconvocados celebraron que Milei haya sido obligado por la Justicia a cumplir con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que actualiza aranceles y dispone presupuesto para este sector (entre otras medidas).
Sin embargo, no bajan los brazos. Después de tantas idas y vueltas en las que el Gobierno Nacional echó mano de todos los recursos a su alcance para evitar cumplir con la normativa, el colectivo adelantó que mantendrá el estado de alerta ante el accionar del Poder Ejecutivo, para que se cumpla la Emergencia en su totalidad y sin engaños.
“Que el Gobierno finalmente haya reconocido la existencia de la ley es un paso adelante muy importante”, comentó al medio Página/12 la actriz Valentina Bassi, mamá de Lisandro, un adolescente de 17 años con trastorno del espectro autista y una de las portavoces de la lucha. “Pero de ninguna manera quiere decir que ya las soluciones concretas llegaron, que los terapeutas ya están cobrando lo que tienen que cobrar, que las escuelas no van a cerrar o que el transporte va a poder llevar a las personas con discapacidad a sus terapias. Nada de eso”, advirtió. “Hasta que todo eso no esté, yo personalmente no voy a respirar”, concluyó Bassi.
Hizo falta que la Justicia impusiera sanciones económicas a funcionarios para que reglamentaran la Ley
“Tuvimos que pelearla durante siete largos meses. Sólo esperamos que el Gobierno no siga dilatando la aplicación real de la ley, que es lo que corresponde”, sintetizó el colectivo a Página/12.
La reglamentación se hizo efectiva ayer, último día disponible para hacerlo antes de que comenzaran a correr las sanciones económicas y legales a funcionarios del Gobierno, dispuestas por la Justicia en caso de que la gestión de Milei siguiera negándose a cumplir con la ley.
El colectivo de personas discapacitadas enfatizó la necesidad de, tras esta lucha extenuante, poder seguir con sus vidas y «que nuestros hijos tengan los tratamientos y prestaciones que necesitan y a las que tienen derecho».
«Ojalá entiendan que las leyes y los tratados de derechos humanos se cumplen sin condiciones. Y que les quede claro que no vamos a ceder ni un milímetro en los derechos de nuestros hijos y no nos vamos a cansar nunca de defenderlos”, agregaron.
El exdiputado nacional de Fuerza Patria, Daniel Arroyo, fue impulsor de este proyecto sancionado y ratificado por el Congreso. Consultado por Página/12 manifestó su conformidad con el decreto, celebró los resultados de la lucha de discapacitados, familiares y prestadores, y destacó el accionar correcto de la Justicia.
Por último, observó que “hay cuestiones que la letra chica va a terminar de ordenar, como las deudas que tienen las instituciones con ARCA, cómo se van a organizar las pensiones. Seguro habrá debates al respecto, pero objetivamente es un paso adelante”.
Qué establece el decreto publicado en el Boletín Oficial
El decreto 84/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial abarca gran parte (aunque no todos) de los reclamos de las familias y las instituciones de apoyo.
En cuanto a la situación de los prestadores de servicios, la subsistencia de las escuelas especiales y de instituciones de integración y apoyo, el decreto establece que la Secretaría de Discapacidad (ex Andis) deberá convocar a una reunión del Sistema de Prestaciones para definir el nuevo “nomenclador” que actualizará los valores de las horas de servicio. También explicita que se condonará el 100% de las deudas de los centros con ARCA y abre una ventanilla burocrática para el cobro de la compensación de emergencia que establecía la ley.
Respecto a las pensiones, el Gobierno Nacional se compromete a incorporar a las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) al nuevo sistema, que pasará a llamarse “Pensión No Contributiva por Discapacidad para Protección Social”, con una mirada más amplia que la invalidez laboral. El gobierno estima que en los próximos años se incorporarán por lo menos 400 mil nuevas PSC al sistema, cuando este año tenía proyectado recortar 200 mil.
Lamentablemente, los talleres para personas con discapacidad quedaron sin reglamentación. La asignación estímulo que perciben los trabajadores con discapacidad de estos talleres mantendrá un nivel absurdo de $38 mil pesos, paralizada desde noviembre de 2023.
Más allá de que resta por ver el efectivo cumplimiento, que la gestión de Milei finalmente haya sido obligada por la Justicia a reglamentar la Ley de Emergencia en Discapacidad es un hito reconocido como una victoria tanto por el colectivo como por legisladores y la sociedad en general, tras un año de lucha intensa por resolver la inhumana crisis del sector.
