El juez de Campana, González Charvay, puso el 4 de febrero como fecha límite para que se cumpla la Ley. Una abogada cordobesa sumó su presentación.
La Justicia, mediante el juez federal de Campana Adrián González Charvay, intimó al presidente Javier Milei para que cumpla plenamente con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
El juez bonaerense estableció como fecha límite para que esto suceda el 4 de febrero. La resolución, dictada el martes pasado, también dispuso un cronograma para que el Gobierno Nacional presente un informe describiendo el estado de avance del cumplimiento de la Ley.
El plazo dispuesto por el juez Charvay para presentar dicho informe fue de cinco días hábiles. Quienes deben presentarlo son el Ministerio de Salud de la Nación y la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), recientemente disuelta.
Una abogada cordobesa presentó un amparo
Marta Lastra, abogada cordobesa, presentó ante la Justicia en Campana un amparo denunciando el incumplimiento por parte de la gestión de Milei de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Este amparo individual se sumó al amparo colectivo del primer denunciante, en septiembre de 2025.
El amparo de Lastra fue en representación de su hijo con discapacidad. La abogada lo presentó en Tribunales Federales de Córdoba, pero como ya existía una causa iniciada en Campana las actuaciones fueron remitidas a ese juzgado.
El juicio oral del primer amparo, el colectivo, salió el 12 de diciembre en favor de la parte denunciante. Con ese respaldo, Lastra presentó su reclamo ante la Justicia federal para que presione al gobierno de Milei a actuar según el fallo y cumplir por completo con las disposiciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La magistrada solicitó una citación judicial, en la que el Poder Ejecutivo nacional fue notificado sobre consecuencias legales si no cumple esta obligación.
La abogada cordobesa no está sola: la acompañan en su denuncia instituciones como el Colectivo 3 de Diciembre, la Asociación de Transportistas de Córdoba y el Colegio de Psicopedagogos de Córdoba.
Lastra le comentó al medio La Voz que es “extrema la situación de crisis”. Destacó también que, por primera vez en 26 años, el Congreso nacional insiste en varias ocasiones con una norma, logrando dar vuelta un veto presidencial.
“Es urgente actualizar el valor del nomenclador. Las compensaciones económicas fueron en los últimos meses del 30%, cuando la ley exige como base una recomposición del 70%. También es necesario dar de alta a las pensiones no contributivas que fueron dadas de baja. La situación de muchas familias es económicamente insostenible”, expresó Lastra, quien fue candidata a Diputada nacional por Defendamos Córdoba.
“Más allá de los colores políticos, la lucha de la discapacidad, el tema de las cardiopatías congénitas, los acompañamientos a las infancias no deberían ser un eje de discusión. Aquí hay un sector de la sociedad en extrema desventaja. Una población que no debería ser objeto de guerra partidaria”, remarcó la abogada.
El recorte en la actualización de aranceles para prestadores del sector de discapacidad es de un 64%, y miles de pensiones no contributivas fueron dadas de baja mediante evaluaciones con requisitos obsoletos.
El Gobierno sostiene una guerra judicial contra los derechos de las personas discapacitadas
A mediados de diciembre, el juez González Charvay declaró la invalidez del artículo 2 del decreto de promulgación, que suspendía la vigencia de la ley al no asignarle fondos.
La justificación de Milei para no asignar recursos al cumplimiento de la normativa fue que el Congreso no especificó fuentes de financiamiento ni las partidas presupuestarias correspondientes, y que la Ley afecta su política de déficit cero. El Presidente apeló la decisión de Charvay e impulsó su recuso a través del procurador del Tesoro de la Nación, Santiago Castro Videla.
La Cámara Federal de San Martín admitió la apelación, pero esta medida no implicó la suspensión del dictamen. Es decir, el Gobierno debería haber procedido para aplicar la ley, desde diciembre pasado.
“Esto es una lección de derecho constitucional. Milei está usando todas las artimañas legislativas en contra de la ley. Lo último que quiso fue derogarla con el presupuesto 2026. Hubiera implicado que una ley provisoria derogue una ley definitiva”, explicó la abogada cordobesa.
De no ejecutarse lo ordenado por el juez Charvay, funcionarios nacionales recibirán multas diarias y personales, y podrían iniciarse causas penales en su contra por desobediencia. Algunos de los alcanzados son el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
