Los principales gremios estatales de Córdoba reclamaron al gobernador Martín Llaryora el fin del ajuste sobre las jubilaciones provinciales, el cumplimiento del 82% móvil y la suspensión de los descuentos que realiza Bancor sobre los salarios. También cuestionaron la Ley de Equidad Jubilatoria y pidieron una respuesta urgente del Ejecutivo.
Los principales gremios estatales que realizan aportes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba volvieron a reclamar al gobernador Martín Llaryora el cese inmediato del ajuste previsional y una serie de medidas para garantizar los derechos de trabajadores activos y jubilados.
El planteo fue realizado mediante un documento conjunto firmado por el Sindicato de Empleados Públicos (SEP), el Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba (SELC), la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), el Sindicato Regional de Luz y Fuerza (SiReLyF) y la Asociación Cordobesa de Empleados de Casinos (ACEC).
En el texto, las organizaciones manifestaron su respaldo al reclamo de la Provincia ante el Gobierno nacional por la transferencia de los fondos previsionales que, sostienen, le corresponden a Córdoba. Sin embargo, remarcaron que esa situación no exime al Ejecutivo provincial de cumplir con sus obligaciones.
Los gremios señalaron que, tras la duplicación en mayo de la cuota mensual que la ANSES debe enviar a la provincia, «no existe justificación alguna» para mantener los recortes sobre los haberes jubilatorios.
Rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria
Las organizaciones también reiteraron su rechazo a la Ley de Equidad Jubilatoria, a la que calificaron como una norma de carácter regresivo.
En este sentido, recordaron que un reciente fallo del Tribunal Superior de Justicia, en un caso particular, redujo del 8% al 6% la alícuota adicional prevista por esa legislación, lo que, a su entender, confirma los cuestionamientos que vienen realizando desde su sanción.
Además, exigieron el fin del diferimiento en el pago de los haberes, la eliminación del descuento por doble beneficio y el cumplimiento efectivo del 82% móvil para los jubilados provinciales.
Reclamo por los descuentos de Bancor
Otro de los ejes del documento apunta contra la política de recupero de deudas que lleva adelante el Banco de la Provincia de Córdoba (Bancor), a la que los sindicatos calificaron como «agresiva» y perjudicial para miles de trabajadores públicos.
Ante la reciente designación de un nuevo directorio en la entidad, solicitaron la implementación urgente de mecanismos que permitan aliviar la situación financiera de los empleados públicos endeudados.
Según denunciaron, el banco aplica descuentos «abiertamente confiscatorios» que, en numerosos casos, llegan a absorber la totalidad del salario apenas es acreditado, afectando tanto a trabajadores activos como a jubilados.
Los gremios también rechazaron que esos débitos alcancen conceptos como el medio aguinaldo, las asignaciones familiares, las cuotas alimentarias y los subsidios por discapacidad, al considerar que vacían las cuentas sueldo de los trabajadores.
Asimismo, cuestionaron el plan de refinanciación impulsado por Bancor al sostener que no representa una solución real, ya que contempla tasas de interés superiores al 120% anual para docentes y empleados de la administración pública.
Exigen una respuesta del Gobierno
En el tramo final del documento, las organizaciones recordaron que ya habían solicitado la intervención del gobernador Martín Llaryora para abordar esta problemática, aunque afirmaron que hasta el momento no obtuvieron respuesta.
Frente a esa situación, reclamaron la suspensión inmediata de los descuentos que consideran abusivos y exigieron que el Poder Ejecutivo provincial establezca de manera urgente un tope legal a los débitos que realiza Bancor sobre los haberes de los trabajadores estatales.
