Lo decidieron por unanimidad rectores y rectoras en una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional. Exigirán en la Justicia que Milei cumpla la Ley.
El Plenario de Rectoras y Rectoras del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) acordó por unanimidad que las universidades públicas recurrirán a la Justicia para obligar al Poder Ejecutivo a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Esta ley solventaba la aguda crisis de presupuesto y salarios que embate a las universidad públicas desde hace casi dos años. Contó con apoyo masivo, tanto popular como en el Congreso.
Sin embargo, Milei decidió desconocer esa voluntad y repetir la maniobra que ya realizó con la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Emergencia Pediátrica: promulgación pero sin habilitación de fondos. Como resultado, las leyes no se hacen efectivas y los problemas que las originaron continúan sin resolución.
Ante este panorama totalmente autoritario y negligente, el Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se reunió de manera extraordinaria en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y acordó por unanimidad que las universidades públicas exijan en la Justicia el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley N° 27.795).
Milei, en flagrante violación de los tres poderes
La ley fue aprobada, vetada por el Presidente Javier Milei y luego doblemente ratificada en ambas cámaras del Congreso, pero el Gobierno Nacional decidió pasar por encima del Poder Legislativo y suspender el financiamiento universitario bajo el argumento de «falta de fondos».
“40 años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a encontrar en la UBA y esta vez para que las universidades tomen el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, subrayó Oscar Alpa, presidente del CIN.
Por su parte, el decano anfitrión y asistente en representación de la UBA, Leandro Vergara, remarcó que “un decreto no puede suspender una ley”.
La decisión de Milei de promulgar esta y otras leyes pero suspenderlas de hecho “viola de manera directa la división de poderes, mediante la invocación de fundamentos inválidos”, afirmó el decano.
El vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, sintetizó: “Es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún en referencia a leyes con amplia legitimidad social, institucional y política”.
“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta y corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, concluyó Bartolacci.
Además de la acción judicial, las y los representantes de todas las universidades públicas resolvieron elevar al Congreso Nacional una solicitud para que se apruebe el presupuesto 2026 y que se contemplen, como base presupuestaria, los recursos previstos por la Ley de Financiamiento Universitario.
