El proyecto que limita el poder de Milei se aprobó, pero se rechazó el artículo que fijaba un plazo de 90 días para que el Congreso se defina sobre los DNU.
La nueva ley de DNU vuelve al Senado con cambios, debido a que el artículo que establece 90 días de plazo para que el Congreso acepte o rechace los DNU fue rechazado.
De esta manera, el Gobierno Nacional gana una ventaja luego de una pésima racha, coronada por el narcoescándalo con José Luis Espert.
La reforma de la Ley de DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia), que limitaba el poder desmedido de Milei para pasar permanentemente por encima del Congreso en la toma de decisiones, fue modificada en la Cámara de Diputados y volvió al Senado. Así se demora la sanción de la nueva legislación, que de lo contrario iba a ratificarse el pasado miércoles.
Este aire para la gestión libertaria fue posible gracias a la colaboración de gobernadores y exlibertarios.
¿Cómo es la ley vigente y qué propone la nueva?
La ley actual establece que, para que un DNU quede firme, basta con que sea avalado por una de las dos Cámaras, y que su rechazo necesita los votos de ambas.
La ley modificada que regula los DNU y que se votó en el Senado invierte esos términos: es decir, propone que para que un decreto quede firme sea aprobado por las dos Cámaras, pero que para rechazarlo sea suficiente con los votos de una sola, ya sea Diputados, ya sea Senadores. Además introducía un artículo que establecía plazos específicos para el tratamiento de los DNU en las Cámaras: 90 días. En caso de exceder el plazo, los proyectos caían automáticamente.
Ese artículo es importante porque obliga a las Cámaras a discutir los decretos en lugar de quedarse indefinidamente en silencio al respecto.
El rol de los gobernadores en el rechazo al artículo 3
El artículo 3 del la nueva ley, que establecía ese plazo de 90 días, no consiguió suficientes votos: obtuvo 127 y necesitaba 129 (mayoría absoluta).
Solo quedó firme que los DNU se rechazan por una sola cámara, pero seguiría vigente la “sanción ficta”, osea, que el Congreso no tendría plazos para tratar los DNU, y si hay “silencio legislativo” quedarían en pie como en la actualidad.
Entre la votación en general y en la particular, se perdieron 13 votos. Fue importante el rol de los gobernadores: Martín Llaryora aportó los votos a favor de Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez y Juan Brügge, pero no pudo garantizar el de Alejandra Torres, que estuvo ausente por considerar la sesión como una «puesta en escena electoral del kirchnerismo».
Los cordobeses de Encuentro Federal, Natalia De la Sota y Oscar Agost Carreño, votaron a favor.
Ignacio “Nacho” Torres, gobernador de Chubut, y Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fé, ayudaron a Milei con tres votos negativos al artículo en cuestión.
También colaboraron con el oficialismo los gobernadores de Tucumán, Río Negro, Salta y Misiones. Los legisladores que responden a los gobernadores de las primeras tres provincias faltaron, y los misioneros se abstuvieron, tanto en la votación en general como en el artículo 3.
A pesar de su relación con el oficialismo, Manes jugó para Milei
El radical disidente Facundo Manes se ausentó en la votación del artículo 3. Terminó haciéndole un favor al oficialismo, a pesar de denunciar recurrentemente hostigamiento y amenazas de funcionarios de Milei, entre ellos, el Presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Otras claves fueron tres abstenciones de la Coalición Cívica y de dos radicales que habían votado a favor en general (Karina Banfi y Fabio Quetglas).
En tanto, hubo diputados que dieron un giro completo, ayudando a que la ley de DNU vuelva al Senado. Cuatro exlibertarios del bloque Coherencia y Desarrollo, y tres del PRO, entre los que figuró el cordobés Héctor Baldassi, votaron a favor en general pero rechazaron el artículo 3.
La UCR no logró unificar una posición y la mayoría del bloque se abstuvo en todas las votaciones. La bancada liderada por el cordobés Rodrigo De Loredo, muy amigo del oficialismo, reclamó que los cambios a la ley sobre los DNU rigieran recién a partir del 2027.
“Estamos ante una paradoja institucional. Exigir en tiempo récord a un gobierno que no tiene un solo gobernador, un solo intendente, que tiene un puñado de improvisados diputados y un puñado de senadores, lo que no le exigieron a los gobiernos anteriores constituye un hecho que paradójicamente los desestabiliza institucionalmente”, aseveró De Loredo.
Abuso de DNU
Legisladores opositores se expresaron respecto al acompañamiento de la Ley, defendiendo que no le quita la capacidad a Milei de emitir DNU sino que simplemente balancea un poco su uso desmedido.
Miguel Pichetto, líder de Encuentro Federal, dijo: “Después de casi 20 años hemos tenido una experiencia donde cada gobierno ha utilizado este instrumento en exceso”, advirtió. También sostuvo que “esta no es una iniciativa contra el presidente”, sino “una ley oportuna para abrir otro camino los próximos dos años. De lo contrario va a haber una democracia de conflicto, como se viene planteando”.
Para legisladores libertarios, por el contrario, la reforma es reducida a una jugada kirchnerista para obstaculizar las reformas de Milei.
Según un informe de ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia), Milei es el presidente que, proporcionalmente, más DNU dictó por año: firmó 50 en su primer año de mandato, mientras que Alberto Fernández dictó 44,25 DNU por año, Mauricio Macri 17,5, y Cristina Kirchner 11,75, si se toma el cuenta el período entre 2011 y 2024.
En ese lapso se dictaron 344 DNU y 1.058 leyes, lo que significa que cada tres leyes hubo un DNU. Esto da cuenta del abuso de los sucesivos gobiernos sobre una herramienta pensada para casos de “necesidad y urgencia”, como catástrofes ambientales. El año pasado se rechazó el primer DNU de la historia (el de los fondos de inteligencia), lo que también evidencia las dificultades del Congreso para ejercer el control con la ley actual.
La nueva ley de DNU vuelve al Senado con modificaciones, y allí se decidirá si se logra impedir que el Poder Ejecutivo gobierne abusivamente a través de una herramienta pensada para urgencias o se equilibra un poco más la división de poderes.
