Conversamos con Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba, acerca de la criminalización de la protesta y la persecución contra quienes encarnan la defensa de derechos en las calles.
Actualmente, hay varios procesos de judicialización de luchadores populares o sindicalistas que reclaman contra las políticas del Gobierno nacional y los gobiernos provinciales.
Un ejemplo es Pablo Biró, secretario General de Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, quien fue echado del Directorio de Aerolíneas Argentinas en medio del conflicto salarial y la posible privatización de la empresa.
También se puede mencionar el caso de Fernanda Miño, quien fue titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) en Villa La Cava. La dirigente social fue víctima de un allanamiento perpetrado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por el supuesto robo de una moto.
Estos no son casos aislados y en Córdoba también se replican. El secretario General de ATE Córdoba y la CTA Córdoba, Federico Giuliani, también es víctima de esta persecución.
«Acá lo que hay que decir es que el Gobierno de Córdoba lleva adelante una política de criminalización de la protesta social y judicialización de los luchadores populares desde antes que asumiera Javier Milei» indicó el dirigente sindical.
En este punto, Giuliani recordó que, a partir de abril año pasado, por un fallo judicial que hizo lugar a un habeas corpus de la Cámara de Comercio, movilizarse es un delito.
«A los pocos días de este fallo inconstitucional, junto con cinco dirigentes piqueteros más nos meten dos causas: una es obstaculización del transporte público y otra desacato a la autoridad. Eso significó que nos pintaran los dedos y que me sacaran el celular en una medida peligrosa que es para sacar de la cancha a los luchadores populares y sobre todo la organización más combativa, sean sindicales, sociales o políticas».
Actualmente, la imputación de obstaculización del transporte público fue elevada a juicio, mientras que por la de desacato a la autoridad, los imputados fueron absueltos.
Giuliani señaló además que la situación empeoró con la asunción de Javier Milei como presidente. En aquella ocasión, el 11 de diciembre, desde ATE le realizaron el primer piquete al Gobierno nacional, comenzando un proceso de lucha por la ola de despidos que hubo en el Estado.
«Javier Milei nos estigmatizó y generó que fuéramos parte del relato en donde achicar el Estado significa despedir para después vaciar las empresas y organismos públicos para venderlos» puntualizó.
A su vez, expuso que el proceso de criminalización de la protesta tuvo un nuevo capítulo en Córdoba el 25 de mayo, cuando el presidente vino a Córdoba para celebrar la fecha patria.
«Ellos venían a firmar el pacto de mayo y no lo lograron. Con ATE y la CTA generamos una movilización en el aeropuerto, que no le permitió trasladarse en vehículo hasta el centro y lo tuvo que hacer en helicóptero. Ahí nosotros fuimos reprimidos por la Gendarmería, nos fuimos al centro y como era un cabildo abierto quisimos saber de qué se trataba. En esa situación la policía de la Provincia, junto con la infantería y la inteligencia de la Casa Rosada, nos impidió la entrada e inmediatamente sin mediar palabra hubo una represión desmedida».
En la ocasión hubo 14 trabajadores heridos de balas de goma constatadas en el Hospital Misericordia de Córdoba. Giuliani recibió tres balazos. Consecutivamente, el martes 28 de mayo un grupo de Policía Civil, sin aviso, allanó su domicilio particular en Río Cuarto. «Obviamente, la dan vuelta, se llevan otra vez un celular personal mío y un celular de mi hijo más chico, que justo estaba ahí», explicó el dirigente.
Nuevamente, es citado por la justicia, por lo que al día siguiente se presenta en Tribunales Federales 2, donde le pintaron los dedos y le fijaron una fianza de 10 millones de pesos para quedar en libertad.
«De lo que me acusaban era incitación a la violencia e intimidación pública. Por estas dos últimas imputaciones todavía no hemos sido citados» señaló Giuliani.
En este contexto de crisis, de ajuste brutal que está llevando adelante Javier MileI, pero también los gobiernos provinciales y municipales, tratan de generar que los actores que estamos en la calle, seamos disciplinados. Obviamente que yo en particular y la organización en general no hemos hecho caso y estamos en cada conflicto que hay en Córdoba, sea ambiental, político o sindical, con ATE y con la CTA.
Giuliani apuntó que la criminalización de la protesta se sigue profundizando con las medidas del Gobierno nacional, como la aprobación del «protocolo antipiquetes» gestado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
«Además del protocolo, hay toda una política de persecución, de hostigamiento permanente de la Policía de la Provincia de Córdoba para con mi persona y para con ATE. Por ejemplo, cada vez que queremos salir del sindicato que hay una actividad, ya sea un plenario, una charla cultural o convocar una movilización, está la Policía siempre antes, rodeando la manzana y siempre hay personal de civil de hecho» explicitó.
Por este hostigamiento, desde el sindicato realizaron una presentación jurídica a través del abogado Claudio Orosz. Particularmente, también denunciaron que hubo actividad sospechosa desde uno de los teléfonos que la Policía le quitó en el allanamiento de su domicilio.
También recordó que en la marcha del 20 de diciembre pasado hubo personal de la Policía Civil filmando, indicando que era una trabajadora de prensa.
«La jefa de Policía terminó confirmando que hacen inteligencia no solo en las movilizaciones, sino en las redes sociales también» afirmó el secretario General de ATE Córdoba.
Una propuesta histórica
La criminalización de la protesta y la judicialización de los luchadores populares no es algo nuevo, es casi un mecanismo que siempre se utilizó para mitigar las revueltas sociales y bajarle la espuma a la conflictividad.
En parte, es lo que reafirma Giuliani: «Son situaciones que para nosotros no son sorprendentes. Esto ahora está potenciado por el gobierno nacional y el protocolo que le da vía libre a una institución policial o a la Gendarmería. Tienen patrones de conducta y marcos internos que son de la dictadura militar. También hablo de las policías provinciales. La de Córdoba, en particular, ha sido una de las más represivas en los 70. No nos olvidemos que hubo un golpe de Estado policial y que lo llevó adelante el jefe de la policía que se llamaba Navarro que generó el famoso Navarrazo que lo volteó a Obregón Cano en febrero del 74«.
«Si los referentes están judicializados, ¿qué le queda a un ciudadano de a pie?» se pregunta el dirigente sindical.
A su vez, profundizó la situación y destacó que se trata de un intento de disciplinamiento a través del miedo para que la gente no salga a protestar.
«Lo que no tienen en cuenta, es que cuando la gente tiene hambre o pierde el trabajo va a salir igual a reclamar y no le van a alcanzar las cárceles para llenarla de luchadores populares que estén en procesos de judicialización», afirmó.
En este sentido, indicó que buscan limitar y disminuir la protesta social y sacar de la cancha a quienes le hacen frente al ajuste propuesto por el estado nacional y los gobiernos provinciales.
Hay un paraguas que los favorece, que tiene que ver con este protocolo antipiquetes y el accionar de la Justicia, que es rápida y dura con los débiles, los pobres y los luchadores, pero es cariñosa y domesticada con los grupos poderosos.
Finalmente, para concluir, Giuliani ratificó: «La judicialización de los luchadores populares se viene dando en algunas provincias de la Argentina y va de la mano de esta política represiva y la mirada punitiva que tiene el Gobierno nacional. En lugar de atacar el origen de las movilizaciones y los conflictos como el hambre y la pobreza, sugieren despidos y privatizaciones. Y cuando hay este tipo de ajuste al pueblo, la sociedad en su conjunto sale a movilizarse«.
