La comunidad Pluma Blanca está en alerta por una orden de desalojo
Dialogamos con la abogada Natalia Bilbao Carmona, quien defiende a la familia López de la comunidad comechingona Pluma Blanca, ante la inminente orden de desalojo. Desde hace tiempo, las comunidades indígenas de la provincia vienen visibilizando y denunciando los múltiples atropellos sufridos. Voces de los territorios argumentan que "a medida que va pasando el tiempo, […]
Por Agustina Bortolon | 06/23/2022
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Dialogamos con la abogada Natalia Bilbao Carmona, quien defiende a la familia López de la comunidad comechingona Pluma Blanca, ante la inminente orden de desalojo.
Desde hace tiempo, las comunidades indígenas de la provincia vienen visibilizando y denunciando los múltiples atropellos sufridos.
Voces de los territorios argumentan que "a medida que va pasando el tiempo, las denuncias que hemos presentado no logran poner freno a los daños, injusticias y desigualdades que sufrimos desde hace más de 500 años".
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"A su vez, sabemos que este proceso de profundización de la matriz colonial se da en todo el territorio de Abya Yala, y tuvo y tiene hoy consecuencias nefastas, no sólo para la conservación de la biodiversidad, sino también para nuestras comunidades".
El avance del negocio inmobiliario, el extractivismo minero, los monocultivos, las fumigaciones, los desmontes y las autovías vulneran los derechos de posesión y propiedad comunitaria de las tierras indígenas tradicionalmente ocupadas.
Sumado a ello, recientemente le llegó una orden de desalojo a la familia López, que habita estas tierras históricamente. Por este motivo, este viernes 24 de junio a las 10 hs convocan a una concentración en el Juzgado de Jesús María. "Apoyamos su grito desesperado de resistencia frente a otro hecho de atropello, violencia y despojo. Esta familia resiste porque quiere vivir y morir en la tierra de sus ancestros".
Exigen que se cumpla la ley N° 26160 de emergencia territorial indígena
En diálogo con El Resaltador, Natalia Bilbao Carmona -abogada de la comunidad- manifestó que "la situación actual es la inminencia de esta orden de desalojo que viene de una orden de reivindicación que se tramitó, pero cuya sentencia fue dictada en plena pandemia, notificada deficientemente".
"Yo estoy cuestionando la situación procesal porque se les ha vedado la posibilidad de discutir en segunda instancia esa sentencia adversa. Paralelamente, está la cuestión del derecho indígena que acá debe prevalecer. Hay una ley, avalada por la constitución y por tratados internacionales, que establece el marco normativo de protección".
La abogada refiere a la ley N° 26160 de emergencia territorial indígena, que plantea que hasta tanto no se haga el relevamiento de las tierras que son ocupadas por poblaciones indígenas no se pueden proceder a los desalojos. Por lo tanto, además de la cuestión procesal, Natalia reclama puntualmente la aplicación de esta ley.
"La convocatoria de mañana es con suma urgencia. Lo que hay que pedirle al tribunal de Jesús María es que acá hay una comunidad indígena y que existe una ley que impide que se ejecute el desalojo. Hoy, el juzgado tiene en sus manos el deber de aplicar una ley de orden público y suspender esto", apuntó.
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