La central obrera también pidió la nulidad de la resolución de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que restablece la vigencia de 83 artículos anteriormente suspendidos.
La CGT (Confederación General del Trabajo) pidió apartar a los camaristas del fuero laboral que suspendieron la medida cautelar que frenó gran parte de los artículos de la reforma laboral.
Cuando se aprobó la reforma laboral, la organización obrera abrió una causa pidiendo se declare su inconstitucionalidad. El juez Raúl Ojeda había dispuesto una cautelar que suspendía la aplicación de 83 artículos de la nueva norma, en un fallo favorable para las y los trabajadores.
Ante ese escenario el Gobierno Nacional apeló la decisión de Ojeda, pero el recurso permitía la continuidad de la suspensión de la reforma mientras se tramitara la apelación.
Sobre este aspecto, la gestión de Milei interpuso una queja para que el recurso tenga carácter suspensivo, y logró su objetivo ayudado por el juez Víctor Arturo Pesino: la semana pasada la Cámara de Apelaciones del Trabajo resolvió hacer lugar al recurso de apelación del Gobierno Nacional y restablecer la vigencia de la reforma.
Ahora, la CGT pide no solo la nulidad de la resolución de la Cámara sino también la recusación de dos integrantes de la Sala VIII: tanto de la vocal María Dora González como del juez Víctor Arturo Pesino. Y es que el pasado viernes, se publicó en el Boletín Oficial que ya dio inicio el trámite para extender la permanencia de Pesino en el cargo, quien estaba a punto de cumplir 75 años, por cinco años más.
En relación al fallo favorable de este miembro del Poder Judicial para con el Gobierno Nacional y la inmediata noticia de la extensión de su cargo, la CGT señaló “asociación de beneficios mutuos” entre Pesino y el oficialismo, en un escrito presentado ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en el que recusó a los miembros de la Sala VIII, pidió la nulidad de la resolución y, en subsidio, solicitó su revocatoria, considerando que no era esta Sala que la que tenía la competencia de intervenir.
En el texto, la CGT sentencia: “Estamos ante un cuadro que avergüenza la tradición de la Justicia Nacional del Trabajo”. Apuntó contra la falta de competencia de los jueces y subrayó como «yerros» a los fundamentos del fallo.
El argumento de la Sala VIII para hacer lugar al planteo del Gobierno se fundamentó en el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado.
La norma establece que cuando una cautelar suspende, total o parcialmente, los efectos de una disposición legal, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo que se verifiquen supuestos excepcionales. Según Gonzalez y Pesino, prima facie no se encontraban esas excepciones.
La CGT pide que Pesino sea apartado de su cargo
El beneficio otorgado por el Gobierno Nacional a la carrera de Pesino “no solo constituye una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento”, afirma la CGT.
La central obrera también criticó la actitud de la vocal María Dora González, a quien junto con Pesino acusa de haber “prejuzgado” sobre el fondo del asunto al resolver sobre la cautelar aceleradamente, antes de que el expediente llegara de manera formal a su conocimiento.
Sobre los fundamentos de los jueces, la CGT cuesitonó: “Nos cuesta imaginar por qué razón estos jueces consideran que los trabajadores no son socialmente vulnerables”.
Además, advierte que el criterio adoptado “haría desaparecer la justicia cautelar”, al permitir que una apelación paralice automáticamente medidas de protección urgente.
Las y los trabajadores quedaron nuevamente desprotegidos ante la reforma laboral, que afecta directamente derechos como la libertad sindical, el derecho a huelga y la protección ante despidos.
La CGT dejó planteado el caso federal para acudir a la Corte Suprema y anticipó que podría recurrir a organismos internacionales, entendiendo que están en juego “derechos de máxima raigambre constitucional” como la tutela judicial efectiva, la libertad sindical y el debido proceso.
