La activista mexicana Zenaida Pulido Lombera fue asesinada

El viernes pasado, la activista Zenaida Pulido Lombera fue asesinada a balazos cuando regresaba de denunciar las amenazas de las que ella y su familia eran víctimas. Se trataba de la coordinadora de "Buscando Encontraremos": la quinta caravana de búsqueda de desaparecidos en Aquila, Michoacán. 

Tras conocerse el crimen de Zenaida, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) exigió a las autoridades que revisen de manera urgente el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. “Para este organismo, ninguna agresión en contra de personas defensoras de los derechos humanos debe quedar impune, por lo que solicita a la Fiscalía General del Estado (FGE) que no se descarte, dentro de las investigaciones, la posible vinculación con las labores de activismo de la defensora”, remarcó Serrato, titular del organismo.

Por otra parte, el colectivo Familiares Caminando por Justicia (FCJ) catalogó a este asesinato como "parte de la lista en la que figuran decenas de víctimas que, por buscar a sus seres queridos, han recibido la muerte como castigo" y agregó que el Estado no garantiza la seguridad de las personas, a la vez que olvida la vulnerabilidad a la que están expuestas este tipo de activistas. El FCJ exigió, tanto para los familiares de la víctima como para todos los miembros de la agrupación a la que pertenecía, la protección que les corresponde.

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En el marco del asesinato, el FCJ remarcó que las familias que lo conforman son las que salen a buscar a sus familiares desaparecidos en México, ya que el Estado nacional no les provee apoyo y ellos deben asumir las responsabilidades que deberían ser de las autoridades. También exigieron al Gobierno que asuma medidas preventivas, a la luz de que ningún otro familiar de desaparecidos sufran lo que sufrió Zelaida: que se garantice una vida libre de violencia a los defensores de los derechos humanos y activistas.

La violencia paramilitar, estatal y derivada del narcotráfico va en aumento a lo largo de todo el territorio mexicano desde hace años. A través de una investigación difundida por el Gobierno Nacional, se confirmó que entre 2009 y 2014 existieron 390 fosas clandestinas, las cuales contienen 1.418 cuerpos humanos y 5.786 restos.

En base a este informe, elaborado por el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las fosas se encuentran en 23 de los 32 estados que componen a México. Este es un claro ejemplo de la crisis de derechos humanos que sufre el país, en donde la mayoría de los casos quedan impunes, remarcó el estudio.

La mismísima Secretaría de Gobernación reconoció que desconoce el paradero de más de 37.000 personas registradas como desparecidas entre el 2006 y finales de 2018. Con base en esta situación, el gobierno de López Obrador anunció un programa para identificar miles de restos humanos, que son el resultado de décadas de violencia impune en México.

Por Carmela Laucirica