Impulsan una ley para prevenir y erradicar la violencia institucional

Tiene como objetivo prevenir y erradicar casos de violencia por fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios en todo el territorio nacional.

Imagen ilustrativa. Represión a los feriantes de la UTT, en febrero de 2019. Fuente: nueva-ciudad.com.ar

Este martes por la tarde, el bloque de diputados y diputadas del Frente de Todos presentaron un proyecto de Ley Integral Contra la Violencia Institucional.

Según detallan en el texto, pretenden brindar acompañamiento y reparación a las víctimas de violencia institucional.

A grandes rasgos, el proyecto busca reformar el papel del Estado en estos casos, como así también la capacitación y disciplina de las personas que conforman el personal de seguridad.

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Para esto, se proponen 8 ejes:

1.Denuncias. La recepción estará a cargo de la Secretarías de Derechos Humanos. Las provincias deben definir áreas específicas de recepción de denuncias mediante vías que serán gratuitas, de fácil acceso y contarán con amplia difusión. Además, deben ser atendidas por personal civil y ajeno a las fuerzas de seguridad que asesorarán a las víctimas a radicar la denuncia judicial.

2.Registro Nacional de Violencia Institucional. Se crea un registro para clasificar y sistematizar los casos de violencia institucional en todo el país.

3.Asistencia y reparación a las víctimas. Se exigirá al Estado que asista a las víctimas en contención psicosocial, en materia jurídica y con una reparación económica.

4.Sistema disciplinario, patrocinio jurídico institucional y asistencia en la investigación judicial. Las provincias que adhieran deberán ajustar los procedimientos administrativos internos que conforman el sistema disciplinario de cada fuerza a las disposiciones de esta ley.

La autoridad sumariante de la fuerza involucrada debe evaluar el pase a disponibilidad o separación preventiva. Si existieran pruebas que eximan de responsabilidad al miembro de la fuerza, deberá cesar la medida.

Además, se busca prohibir la asistencia técnica institucional en delitos graves en contexto de violencia institucional y también la intervención de la fuerza policial o de seguridad sospechada como auxiliar de la justicia en la investigación judicial.

5.Programa Nacional de Asistencia en Formación, capacitación y reentrenamiento en derechos humanos, y en regulación del uso de la fuerza. Los contenidos de la capacitación se basarán en los Tratados y Convenios Internacionales sobre DD.HH.

6.Empleo de Armas. Deberán seguir los Principios Básicos Sobre el Empleo de Armas de Fuego y armas no letales de los Miembros de Fuerzas de Seguridad de la ONU y del Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley del mismo organismo internacional.

7.Reglas Mínimas para la Intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad en Manifestaciones Públicas. Entre otras cosas, las fuerzas de seguridad deberán proteger a las/los manifestantes; se prohíben las armas letales; y todo el personal de las/los agentes deberá portar una identificación visible.

8.Mecanismos locales para la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Las jurisdicciones que adhieran y no hayan creado este instrumento tendrán un año para cumplir con dicha obligación.

En la presentación del proyecto, la diputada oficialista Paula Penacca sostuvo que existe “la decisión política de erradicar la violencia institucional”.

En la misma línea se pronunció su compañero de bloque, Leonardo Grosso, quien resaltó que “es urgente reconocer la violencia institucional como un conflicto arraigado en las fuerzas de seguridad y por eso es necesario que la política comience de una vez a construir soluciones estructurales”.

En relación al punto anterior, el legislador agregó que “la seguridad democrática no puede entrar en la grieta, eso sólo permite que haya impunidad, discreción y violencia por parte de la policía”.

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