Pasaron las PASO, se revolearon cartas y renuncias, y ya hay un nuevo gabinete. Pero un debate queda: ¿Hubo ajuste fiscal durante el segundo año de la pandemia?
Después de la paliza que recibió el Frente de Todos en las PASO legislativas de septiembre, la alianza gobernante se hundió en una profunda crisis política de la que salió con un gabinete nuevo. Más allá de las peleas públicas y del cambio de nombres, uno de los núcleos del enfrentamiento entre la pata cristinista y la pata albertista de la coalición oficialista fue la lectura sobre el motivo principal de la derrota. Para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, estuvo claro: «una política de ajuste fiscal equivocada», según señaló en la carta que terminó por hacer implosionar (y a la postre, ordenar) el conflicto.
La de Cristina se trata de una afirmación que encontró opiniones opuestas a uno y otro lado de la grieta interna del Frente de Todos. El ministro de Economía, Martín Guzmán dice que no hubo ajuste fiscal en el 2021. El director del Banco Nación, Claudio Lozano, dice que sí. El ministro de Defensa, Aníbal Fernández, dice que no. La lista sigue, y las diferentes posiciones se ramifican en todos niveles de la alianza. Pero ¿qué sucedió realmente con la caja del Estado durante el 2021? Veamos.
Tamaños y porciones de la torta
Primero, habría que definir el término: un ajuste fiscal es una política estructural que se implementa para bajar el gasto público y, de esa forma, aumentar la recaudación fiscal. Es decir, se busca la reducción del déficit mediante la poda del gasto real. En criollo y, como dicen ciertos economistas afectos a comparar la economía de un país con la de un hogar, el objetivo es que “no se gaste más de lo que te entra» poniendo el foco en que se gaste menos, no en que entre más.
¿Qué dicen los números? Para este año, el presupuesto preveía un déficit fiscal del 4,5%. Y, como indicó la vicepresidenta en su carta, de eso proyectado hasta ahora solo se ejecutó un el 2,1%. A esto hay que agregarle la subejecución en varias carteras: por ejemplo, al momento de la carta, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad llevaba ejecutado el 50,6% de su partida para 2021.
Sin embargo, según el economista Fernando Oviedo en diálogo con El Resaltador, «en la habitualidad, el grueso de la ejecución de los presupuestos públicos se concentra en el último cuatrimestre de cada año». «No estaríamos ante una situación de anormalidad ni de subejecución del presupuesto», afirmó.
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Asimismo, Oviedo aseguró que, incluso si al finalizar el año, el déficit ejecutado fuera menor al 4,5%, eso no necesariamente implica un ajuste, ya que «el déficit también se puede reducir porque aumentaron los ingresos por encima de lo presupuestado: efectivamente, eso ha sucedido». En los primeros ocho meses, los ingresos crecieron «por imperio de la suba excepcional del precio de los commodities, que significó una mayor recaudación de pesos en concepto de retenciones» y del Aporte Extraordinario («conocido como ‘Impuesto a las Grandes Fortunas’), dos cosas que no estaban incorporadas en el Presupuesto 2020.
En ese sentido, afirmó que, si excluimos el gasto COVID, «el gasto corriente, comparando 2021 con 2020, aumentó un 12% en términos reales, es decir, por encima de la inflación». Sin embargo, si consideramos el gasto COVID en la comparación (por ejemplo, si contamos programas ejecutados de forma excepcional en 2020 como el Ingreso Familiar de Emergencia y Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), Oviedo afirmó que se observaría una reducción del gasto de 4% en términos reales. Para Oviedo, hay que excluirlo. «No son años comparables», aseguró.
Los números bajo la lupa
Por otro lado, para el economista Pablo Díaz Almada, del Colectivo de Pensamiento Crítico en Economía (CoPenCE), «cuando uno discrimina el presupuesto en rubros, hay cosas que aumentado y cosas que han disminuido». En diálogo con El Resaltador, Díaz Almada afirmó que, por ejemplo, el gasto en deuda pública disminuyó considerablemente por las negociaciones con los acreedores, pero aumentó el gasto de la cuenta servicios económicos, que incluye subsidios a las tarifas y al transporte.
Y, según Oviedo, hay una partida que sufrió un recorte importante: la destinada a seguridad social. «Ha caído un 4% comparado 2021 con 2020», afirmó el economista. «Si incorporamos el gasto COVID, la caída está entre el 30 y el 40%». Esto implicó, por ejemplo, una disminución real en los pagos de la Asignación Universal por Hijo y en las jubilaciones. Según publicó el DiarioAr, en mayo de este año, «mismo mes en que las cuentas registraron un superávit primario de $25.714 millones, los haberes mínimos cayeron un 13% en términos reales en comparación con el mismo mes de 2020, como resultado de una inflación anual del 48,8%, muy por encima del aumento del 29,4% de la prestación mínima».
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Díaz Almada agrega: «Entre julio de 2019 y julio de 2021, hay una caída total de las jubilaciones de 36 mil millones de pesos constantes». Para Oviedo, la fórmula de actualización implicó una reducción del déficit previsional. En este caso, el término se trata «de un eufemismo para no decir ajuste fiscal».
Además, hubo en los primeros ocho meses del año, una caída de los salarios del sector público. Sin embargo, según las proyecciones de Oviedo, esta situación se revertiría a fin de año y los sueldos públicos «le empatarían a la inflación de punta a punta». Pero, según calcula CoPenCe, «el gasto en personal viene disminuyendo, desde el 2017, más del 30% en términos reales».
Al ajuste fiscal en gasto social, hay que sumarle un ajuste de otro tipo: el macroeconómico. Dice Oviedo: «Hubo ajuste macroeconómico por el lado de la tasa de inflación, que implica una licuación del gasto público, de los salarios, de los ingresos de la población y del gasto privado«. Para Díaz Almada, el movimiento del tipo de cambio y las devaluaciones consiguientes contribuyen a «la coordinación de precios fundamentales de la economía».
Así las cosas, hoy el Gobierno se encuentra en una situación muy delicada, que le exige una audacia que mostró pocas veces durante lo que va de la gestión. A saber: no tiene posibilidad de endeudarse para financiar el déficit, ni tampoco puede emitir infinitamente sin que eso implique —aunque no de forma directa y unívoca— un traslado al dólar o un disparo de la inflación. Y, sobre todo, la administración económica se encuentra bajo la lupa del Fondo Monetario Internacional, un organismo muy afecto a los ajustes, mientras se negocia la deuda inédita contraída bajo la presidencia de Mauricio Macri.
Pero, además, como fue evidente en septiembre y como se volverá a ver en noviembre, la política económica también está bajo la mirada atenta de un electorado con necesidades urgentes. Un electorado al que el Gobierno, con su enroque de ministros (que no representaron cambios en la gestión económica) aún no ha dado las respuestas contundentes por las que ruega en el segundo año de la pandemia.
