Hidrovía Paraná: 25 años de enriquecimiento para pocos

La Hidrovía Paraná-Paraguay es nada más y nada menos que el corredor comercial marítimo y fluvial más importante que tenemos. De este modo, cabe analizarlo en términos económicos. ¿Qué representa esta obra para el bolsillo de los argentinos y argentinas?

Por Carmela Laucirica

El próximo 30 de abril, al menos por el momento, vence la actual concesión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, que otorgó Carlos Saúl Menem a la empresa belga Jan de Nul y a la argentina EMEPA hace 25 años. Para cuando llegue ese momento, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte ya preparan pliegos para un llamado a licitación pública e internacional. Este llamado es para la renovación de la concesión del peaje en la hidrovía.

El debate que gira entorno a la Hidrovía Paraná-Paraguay no es nuevo ni menor para nuestro país. En un primer acercamiento, hablamos de lineamientos generales y su impacto ambiental. En esta oportunidad, cabe preguntarse sobre su veta económica, la cual tiene más relación con nuestra cotidianeidad de lo que muchas veces podamos pensar.

El sistema Paraná-Paraguay es el segundo más grande de Sudamérica. Tiene un área de “influencia directa”, que abarca una superficie de 720.000 km2 y una población de 40 millones de habitantes. De manera indirecta, impacta en aproximadamente 5 millones de km2 y cerca de 70 millones de habitantes. Estamos hablando de una zona en donde se impulsa la producción con fines de exportación (principalmente de granos).

Por esta hidrovía circulan unas 4.600 embarcaciones de distintos tipos, de las cuales el 98% son extranjeras. Más aún, de 21 puertos, 18 son extranjeros. Incluso, por la HPP salen más del 90% de los contenedores de la Argentina, más del 80% de las exportaciones de la agroindustria. En relación a estos últimos porcentajes, el 80% de las exportaciones que salen de la Argentina lo hacen por puertos privados que están dentro de la hidrovía.

El proyecto de la Hidrovía Paraná-Paraguay forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA). Según su propia página web, se trata de “un mecanismo institucional de coordinación de acciones intergubernamentales de los doce países suramericanos. Con el objetivo de construir una agenda común para impulsar proyectos de integración de infraestructura de transportes, energía y comunicaciones”.

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Por esta hidrovía circulan unas 4.600 embarcaciones de distintos tipos, de las cuales el 98% son extranjeras.

Economía de una región entera, concentrada en pocas manos

El rédito económico que deja la hidrovía es alto y a la vez contradictorio. Esto se debe a que hablamos de un modelo exportador situado en pocas manos, las cuales en su mayoría son extranjeras. De este modo, nuestro país convive con índices de pobreza mayores al 40% en muchos casos; a la vez que se jacta de ser un país que produce alimento para 400 millones de personas. ¿A dónde se va toda esa producción entonces?

En este debate se concentran diversas problemáticas que a simple vista puede que no tengamos en cuenta. Por un lado, Argentina hace autobombo de sus índices récord en cuanto a cosechas, cuando paralelamente la pobreza también alcanza índices impensados. Lo mismo pasa con el trabajo y su consecuente remuneración: está concentrado en pocas manos.

Así, estamos frente a un problema que parece ser a futuro, pero que está haciendo estragos en el presente hace rato. Con el progreso de la hidrovía, no habrá beneficio para los pequeños productores, sino que los grandes aumentarán sus capitales, a costa de una frontera agropecuaria que quieren expandir cada vez más, la cual ya no está para esos trotes.

Hay una cuestión central en este debate: el Río Paraná es de todos y todas. En este sentido, la falta de consulta popular respecto a lo que será el futuro de la hidrovía desfavorece la afirmación anterior. Por todo lo mencionado anteriormente, queda claro que hay relación directa entre la cotidianeidad de los argentinos y argentinas y lo que sucede y sucederá alrededor de este proyecto.

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Breve recorrido sobre las decisiones del Gobierno Nacional en los últimos meses

El 28 de agosto del año pasado, el Gobierno Nacional conformó la Administración Federal Hidrovía Sociedad del Estado. La misma cuenta con un 51% de participación nacional y un 49% de las provincias por donde pasa la hidrovía. Serían Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Rios, Formosa, Misiones y Santa Fe. Esta administración definiría si se renueva la concesión de la hidrovía o pasa a nuevas manos.

Paralelamente, se creó el Consejo Federal de Hidrovía, para definir cómo conformar la administración federal antes mencionada. Este consejo sumó a los gremios, universidades, usuarios y empresas; además de Nación y las provincias.

Meses después, el 27 de noviembre de 2020, el presidente Alberto Fernández firmó el decreto 949/20, que designa al Ministerio de Transporte para decidir sobre las concesiones de la hidrovía. De este modo, lo que iba a estar en manos de la administración federal, ahora pasó a ser decisión de Mario Meoni y su cartera.

Durante el primer semestre de este año, es primordial que la información respecto a la hidrovía circule y se democratice. El debate por nuestro Río Paraná y lo que sucede en sus aguas es asunto público y de la ciudadanía, porque el río es de todos y todas.

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