Frente a la exhortación de la Justicia cordobesa de no permitir más fiestas electrónicas masivas porque son «un peligro para la salud», existen paradigmas que aún no han sido abordados desde las políticas públicas: la reducción de riesgos sigue siendo una opción inexplorada.
Hace unos días, la Justicia pidió al Gobierno que no autorice fiestas electrónicas masivas en Córdoba para “evitar nuevas muertes y daños a la salud de nuestros jóvenes”.
La exhortación se dio en el marco de la presentación de los argumentos de la condena por la muerte de Tania Abrile, ocurrida en 2016, luego de consumir éxtasis en un evento realizado en el ex Orfeo Superdomo.
Por el caso fueron condenados los empresarios Iván Aballay, Héctor O. Baistrocchi; el jefe de seguridad, Mario A. Novaro y Walter F. Barreto.
Aballay y Baistrochi fueron condenados por el delito de facilitación de lugar para consumo de estupefacientes doblemente agravada y homicidio culposo; Novaro fue declarado partícipe necesario de facilitación de lugar para consumo de estupefacientes doblemente agravado y Barreto como autor del delito de homicidio simple.
Los jueces de la Cámara Criminal y Correccional de 6° Nominación de la ciudad de Córdoba, Enrique Buteler, Pablo Brandán y Esteban Díaz Reyna, señalaron en los fundamentos:
Ha quedado demostrado que se trata de una actividad de comprobada (por las fiestas electrónicas), inevitable y de grave riesgo para la salud y vida de nuestros jóvenes que, además, difunde una cultura de consumo y la propia ingesta de sustancias sumamente nocivas para su salud y vida, con claro beneficio para las organizaciones criminales que se encargan de su producción y comercialización.
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Los argumentos para la prohibición
Los jueces de la Cámara señalaron que la exhortación no se relaciona con el género musical en sí, sino con los contextos específicos que se despliegan en estos eventos.
Apuntan que se crean ambientes “definidos por una combinación de factores sociales, culturales y ambientales” que al integrarse tienen estas graves repercusiones en la incentivación y producción del consumo de estas sustancias.
Además, destacaron que se «demostró» que en ellas predomina una subcultura en la que el consumo se vive como parte misma de la propia experiencia electrónica. Algo que, puesto en relación con los sentimientos de empatía o conexión emocional, desinhibición y placer que produce el “éxtasis”, conduce «a compartir la propia droga».
También exponen que la atmósfera de estímulos que se generan en estos eventos con sofisticados sistemas de luces, diseñados para producir efectos visuales incluso distorsivos, que se sincronizan con ritmos repetitivos e intensos reproducidos a un gran volumen, producen una particular vulnerabilidad a los asistentes, relacionada con el consumo.
Al respecto, conversamos con Juan Martín Belvedere, coordinador del Proyecto de Atención en Fiestas (PAF), un programa de la Asociación Civil Intercambios que propone la reducción de riesgos y daños en nocturnidad.
Otro de los argumentos presentados por la Justicia para la exhortación son las medidas sanitarias que se adoptan para la habilitación de estos eventos, que consideran son propias de actividades de alto riesgo. En este sentido, señalaron que los puestos de hidratación solo pueden asociarse con la previsión de consumo de esas sustancias.
Belvedere señaló que la exhortación de la Justicia para prohibir las fiestas electrónicas en Córdoba, resulta «un bajón y un atraso total».
Sobre la adopción de medidas sanitarias y asociarlas con el consumo de drogas, resumió: «Están diciendo que una persona que toma agua directamente se droga. Me hace muchísimo ruido porque en festivales como el Loolapalloza o recitales grandes como La Renga, hay puestos de hidratación y solamente responden a un derecho humano básico, como un vaso de agua».
Respecto a las otras medidas sanitarias, no considera que sean excepcionales, sino que deberían ser prevenciones necesarias en cualquier evento masivo. «No entiendo cuál sería el problema de que haya un consultorio médico. Una persona se puede desmayar por causas que no tienen que ver con el consumo, como por ejemplo un golpe de calor, una baja de presión sin haber ingerido ni siquiera alcohol. Entonces digo bienvenido sea que haya un consultorio médico en un evento masivo» sintetizó.
A su vez, sostuvo que la recomendación judicial recuerda el escenario post Time Warp en donde fallecieron cinco personas por intoxicación. En este sentido, señaló que a partir de allí se prohibieron las fiestas electrónicas en Buenos Aires, como pretenden que se haga en Córdoba.
En Buenos Aires, las fiestas de música electrónica estuvieron prohibidas entre abril de 2016 y febrero de 2017 pero luego se levantó la restricción. Posteriormente, se promulgó la Ley 5641 de eventos masivos, que incluye explícitamente a la reducción de daños y distintas regulaciones específicas como las limitaciones de aforo.
La medida no respondía a la masividad de los eventos sino simplemente a los relacionados con música electrónica, lo que llevó a un aumento de fiestas clandestinas en donde el control estatal significó un mayor gasto y una menor posibilidad de control.
Sin datos
El impacto de las políticas públicas en materia de consumo en ambientes de fiestas de electrónica en Córdoba y en Argentina, resulta muy complejo de identificar porque no hay información.
El tema surge en la agenda mediática únicamente cuando una tragedia pasa en un evento masivo.
Belvedere expuso que «lamentablemente, no se pueden ver aspectos positivos ni negativos sobre políticas públicas implementadas porque no ha habido ningún organismo que recabe esos datos».
«El fallo de los camaristas indica que todas las formas de prevención que se intentaron durante los 8 años posteriores al caso de Tania Abrile fracasaron, pero nunca hablan de cuáles fueron las acciones que se hicieron y por qué fracasaron. Solamente señalan el caso de Mara Pereira ocurrido en un evento de Cattaneo como la demostración del fracaso, pero ni siquiera tienen datos sobre las personas fallecidas en eventos de música electrónica, si fallecieron solo por consumo o por enfermedades preexistentes. No existe información».
Por otra parte, indicó que «el fallo es contradictorio porque dice que no es contra la música electrónica, pero es el único tipo de eventos que se menciona».
En este sentido, mencionó que la exhortación judicial habla de que las fiestas electrónicas son «facilitadoras» para que narcotraficantes y vendedores de sustancias tengan público. «No señala, por ejemplo, un incremento en la lucha contra el narcotráfico, sino que solo se menciona a las fiestas electrónicas como sinónimo de muerte con argumentos endebles» apuntó el coordinador de PAF.
De esta manera, se presenta un panorama punitivista de «lucha contra las drogas» que apunta contra los consumidores. Está comprobado que ese paradigma no frena el consumo ni mejora los contextos de consumo: las muertes siguen ocurriendo sin el control de ningún tipo de estado ni institución transformándolo en una verdadera problemática social.
La reducción de daños
Este año se dio un hecho inédito: la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas (CND por sus siglas en inglés) realizó una resolución propuesta por Estados Unidos que nombra la reducción de riesgos como respuesta eficiente a las crisis de sobredosis.
En otras palabras, significó que entre los estados miembros dejen atrás paradigmas que muchas veces se basaron en la prohibición con resultados negativos para alentar el establecimiento de nuevas estrategias, basado en las experiencias de muchos países que están aplicando programas de reducción de riesgos y daños, y vienen teniendo buenos resultados.
«Esto fue promovido por Estados Unidos y países europeos que muchas veces miramos como guías o ejemplos» apuntó.
A su vez, Belvedere ejemplificó que en diversos países existen dispositivos denominados salas de consumo supervisado de drogas en el marco del consumo recreativo. Se trata de uno de los servicios en reducción de daños más reconocidos y emblemáticos, que tuvo inicios en Suiza en 1986 y actualmente también se aplica en Colombia
«Allí, le proveen a la persona una sala de consumo cuidado, una aguja esterilizada y un espacio seguro» explicó. A diferencia de lo que propugnaban los paradigmas prohibicionistas, creyendo que estos dispositivos aumentaban la delincuencia o que promovían el consumo, los resultados de las salas de consumo supervisado, demostraron servir para:
- Reducir el desorden público (y el consumo en espacio público).
- Reducir la transmisión de enfermedades infecciosas.
- Reducir el número de sobredosis
- Derivar exitosamente a las personas consumidoras hacia programas de desintoxicación o deshabituación.
Nuevamente, la reducción de daños aparece como un camino posible que incluso la Municipalidad de Córdoba propone desde la Subsecretaría de Adicciones y Salud Mental. En la última fecha de Hernán Cattaneo en Córdoba, se desplegó un dispositivo de reducción de daños con información y atención médica.
Desde PAF promueven este paradigma. «Nosotros no somos un dispositivo que promueva el uso de sustancias o el uso de drogas. Solo promovemos el uso de información que estamos convencidos de que es positivo porque vemos cómo le cambia la perspectiva a la gente cuando se entera de que hay un dispositivo de cuidado, en donde se responden preguntas y se brinda atención«.
En este sentido, explicitó que su postura es diferenciar el consumo problemático del consumo recreativo. «La mayoría de los consumos en fiestas electrónicas en Córdoba y en el país son recreativos, y para eso estamos. Para que tengan todas las herramientas a disposición y decidir si consumir o no. Cuando hay consumos problemáticos, existen profesionales y entidades que se encargan de atender a esas personas».
Por último, señaló que existen problemas de salud pública relacionados con otras sustancias en donde no se pone el foco. En cambio, cuando algo ocurre en una fiesta electrónica, se vuelven a viralizar los discursos punitivistas y prohibitivos que solo empujan a los consumidores hacia la clandestinidad, donde las condiciones son aún más inseguras, con nula regulación y sin acceso a medidas de emergencia.
Sumado a lo anterior, sostuvo que se necesitan marcos normativos en donde los recursos económicos y humanos que se ponen en prohibir se pongan en concientizar.
«La gente utiliza esa información y esos dispositivos, y la gente los recibe. No es que las personas que consume dice: «yo me meto cualquier cosa y listo». Entonces en tanto y en cuanto, la información no esté y los marcos normativos no existan es muy fácil decir que la gente muere porque toma pastillas o porque escucha música electrónica» concluyó.
