En Perú nada es lo mismo desde el 7 de diciembre de 2022. El golpe de Estado contra Pedro Castillo, ejecutado por su exvicepresidenta y actual dictadora del Perú, Dina Boluarte, junto con las distintas fuerzas políticas del Congreso peruano, marcó un antes y un después. Conversamos con dos activistas peruanas de la organización feminista Kuska. Por Rodrigo Savoretti Andrada.
Si la democracia liberal peruana ya era de baja intensidad(*), el golpe contra el primer presidente indígena y maestro rural, terminó de consolidar un sistema político autoritario del que se beneficia un mínimo porcentaje de la sociedad.
Que no haya ningún político preso o imputado por los más de 50 civiles asesinados en las masacres de Juliaca, Apurimac, Cusco y Ayacucho (ocurridas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023), demuestra la impunidad que reina en Perú, y la innegable responsabilidad del Poder Judicial.
Así lo entienden las dos mujeres y activistas entrevistadas por El Resaltador, Johana Teherán, integrante del colectivo de DDHH, Kuska, y la pobladora Fermina, actualmente criminalizada y perseguida política del régimen.
¿Cuál es el estado de la política hoy en Perú? ¿Qué significa ser activista por los DDHH en un país con una presidenta de facto que solo es aprobada por el 2% de la población? ¿Qué hay detrás del llamado a elecciones?
Joanna Terán Romero, Mag. en psicología comunitaria y directora de Kuska, una organización feminista decolonial que lucha por los Derechos Humanos de Perú, expresa respecto a la situación política actual en su país:
Hay mucha violencia racista, persecución, asesinatos, y la impunidad de las distintas masacres que este gobierno ha ejecutado. Hoy estamos en una situación de mucha violencia hacia las organizaciones sociales que se levantan contra el gobierno autoritario y que defienden los derechos humanos.
Kuska ha sufrido en los últimos años la represión y criminalización del régimen en carne propia. Actualmente, tiene a tres de sus integrantes procesados por el delito de disturbios.
Fermina Pandia Laura, Felimón Huamaní Medina y Joel Vega Muñoz. Fermina fue encarcelada en dos ocasiones, pero ahora está libre. Felimón y Joel fueron encarcelados y torturados durante nueve meses y ahora recuperaron la libertad. Fermina ya fue sentenciada por disturbios. Además, los tres han hecho sus denuncias, en el caso de Felimón y Joel por tortura y en el caso de Fermina por violencia física.
«En ese sentido, las organizaciones sociales enfrentamos una persecución sistemática que incluye criminalización, represión física, acoso judicial, aislamiento también institucional y social; y a eso se suma esta ofensiva dirigida últimamente contra los partidos políticos u organizaciones indígenas”, señala Joanna.
El modus operandi de la Policía de Perú, denuncian las entrevistadas, es el siguiente: en las manifestaciones sociales contra la dictadura, los mismos uniformados ejercen violencia sobre las mujeres originarias y luego la misma Policía las denuncia y para que la Justicia les impute falsas acusaciones. Los medios de comunicación colaboracionistas del régimen hacen su parte: difunden la versión policial y crean sentidos anti organización popular.
En palabras de Fermina: “Se me persigue por levantar la voz, por decir ya basta, por decir no más corrupción. Han calumniado a mi persona, supuestamente se me acusa de que yo golpee a un policía y le quité el arma. El fiscal me acusa sin ninguna prueba, eso no está probado y lo ponen en mis expedientes, dicen que hice disturbios. Me quieren llevar a juicio, pero yo no hice nada de eso, justamente es la Policía la que a mi me pegó y atentó contra mi persona”.
Desmantelamiento democrático y racismo Institucionalizado: Perú en crisis permanente
La configuración actual de los partidos políticos está desmantelando las posibilidades de una verdadera representación social, “generando un escenario abiertamente dictatorial y antidemocrático”, señala con preocupación Joanna.
Un elemento particularmente grave en este contexto, acusa, es la forma en que se trata a las organizaciones sociales y políticas.
Actualmente, el Congreso peruano está dominado por agrupaciones políticas que, en su mayoría, reivindican la figura del fallecido dictador Alberto Fujimori o a su gobierno autoritario. Partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú han impulsado y votado favorablemente enmiendas jurídicas que menoscaban el derecho a la huelga y la protesta.
Además, estas fuerzas políticas han respaldado la violencia policial o han ignorado los intentos de enjuiciar a la presidenta Dina Boluarte. Este patrón de acciones revela una marcada orientación que prioriza la estabilidad autoritaria por encima de las libertades civiles y la rendición de cuentas. Nada nuevo bajo el sol.
Tan solo en los últimos dos años, el Congreso peruano emitió distintas leyes que legitiman y le dan seguridad jurídica a los uniformados, generando vulnerabilidad entre las personas y organizaciones manifestantes.
En diciembre del año pasado, sancionaron la Ley de protección policial, la cual impide la detención preliminar de policías que causen lesiones o muertes con sus armas reglamentarias.
En agosto del 2024, se dieron los votos para la sanción de la normativa que recorta el papel del Ministerio Público Fiscal y otorga mayores poderes a la policía en las investigaciones preliminares, socavando la autonomía fiscal y facilitando la criminalización de la protesta.
“El racismo y clasismo estructural, hoy institucionalizado al máximo, no solo emana del Estado y de los medios de comunicación limeños hegemónicos, sino también de organizaciones sociales progresistas que han decidido normalizar el golpe de Estado. Muchas de estas últimas incluso han promovido el golpe, invisibilizando a aquellas organizaciones que genuinamente defienden los derechos humanos y denuncian la masacre, la represión y el golpe de Estado”, acusa Terán Romero.
Un ejemplo claro de esta instrumentalización se observa en fechas simbólicas como el 8 de marzo. Se ha utilizado la presencia de mujeres indígenas, fotografiándolas y destacándolas en publicaciones y sitios web, para alimentar discursos progresistas. Sin embargo, al mismo tiempo, se ha ocultado deliberadamente su verdadera agenda, que incluye la lucha por la libertad de Pedro Castillo y la denuncia del racismo estatal, señala la activista de Kuska.
Los colaboracionistas del régimen juegan un papel fundamental, ya que son claves para la legitimidad a un gobierno autoritario cuya imagen social se cae a pedazos.
Según el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), la presidenta ostenta la peor calificación en seguridad, salud, educación y economía, con un abrumador 93% de desaprobación y apenas un 4% de aprobación.
Por otro lado, el Congreso ha alcanzado un mínimo histórico del 2% de aprobación.
¿Qué legitimidad tienen para gobernar los destinos de más de 33 millones de peruanos y peruanas con tan nulo porcentaje de aprobación?
La inseguridad neoliberal y las elecciones del 2026: ¿Ocaso o consolidación del régimen?
La problemática de la inseguridad está íntimamente relacionada a las directrices del poder político (ejecutivo y legislativo) y del poder judicial, cooptados y ordenados por el poder económico peruano, concentrado en un puñado de empresas multinacionales en su gran mayoría occidentales, como las mineras Anglo American (Reino Unido), Teck Resources (Cánada), Mitsubishi Corporation (Japón), las de energía Engie (Francia), Repsol (España), las bancarias Scotiabank (Canadá), BBVA y Santander (España), las telefónicas Movistar (España), Claro (México), y familias oligarcas peruanas como Familia Brescia (Grupo Breca, un holding diversificado con presencia en minería, salud, banca, etc), Familia Romero (Grupo Romero, de los grupos empresariales más antiguos de la historia peruana moderna, cuyos capitales se concentran en banca, consumo masivo y agricultura), Familia Rodríguez (Grupo Gloria, gigante en el sector lácteo y de alimentos en general), solo por nombrar a las tres con mayor poder.
La hiperconcentración de la riqueza peruana en pocas empresas y grupos económicos presenta su contraparte de tener a una gran mayoría de la población peruana en situación de vulnerabilidad en cuanto al acceso a servicios y derechos básicos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lleva a cabo en distintas latitudes mundiales una medición de la pobreza multidimensional. En su página dedicada al Perú, afirma que el 41.7% de la población vive en condición de pobreza multidimensional.
Esto significa que, incluso si el 27.6% es considerado pobre por sus ingresos (INEI), un porcentaje significativamente mayor (casi el 42%), carece de acceso adecuado a servicios básicos esenciales como educación, salud y saneamiento, lo que subraya una vulnerabilidad mucho más profunda y arraigada en la sociedad.
A su vez, la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), resalta que uno de los mayores problemas de los últimos años en Perú es la «urbanización de la pobreza». En 2024, el 72.7% de las personas en situación de pobreza residía en zonas urbanas, un cambio drástico respecto a patrones históricos.
«La pobreza urbana a menudo se manifiesta en el acceso limitado a servicios de calidad, viviendas precarias y un mercado laboral informal y vulnerable, lejos de la imagen tradicional de la pobreza rural«, expresan en su informe del 2024.
A su vez, un estudio del Banco Mundial fechado en 2023, advirtió que el 70% de la población peruana es pobre o está en riesgo de serlo.
Si bien los números y las fuentes varían, la realidad no, y es que en Perú la situación económicas y social es de una desigualdad enorme.
Los datos anteriores no tienen eco en Casa de Pizarro, pues Dina Boluarte cuando habla de inseguridad, solo se refiere al aumento de la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, las extorsiones, secuestros y asesinatos en la vía pública.
Pero si hablamos de inseguridad, el desafío es verla en su contexto y complejidad. Inseguridad alimentaria, sanitaria, política y social, son algunas de las dimensiones que desde el gobierno de facto intentan disimular a medida que tienden a profundizarlas.
En el último tiempo, la inseguridad callejera creció, pero como consecuencia directa de la consolidación de un régimen que ataca este problema por abajo y no por arriba, siguiendo la doctrina de seguridad norteamericana con respecto, por ejemplo, al narcotráfico. Se lo instrumentaliza como una forma de control social y material sobre las poblaciones más vulnerables, al mismo tiempo que se les garantiza seguridad jurídica y económica a los grandes grupos criminales, con vías de convivencia junto a los nombres y empresas antes nombradas.
«El discurso de la supuesta seguridad y la lucha contra el crimen ha sido utilizada como un pretexto para fortalecer una militarización encubierta«, expresa Joanna. Una opinión compartida por una amplia mayoría que responsabiliza al régimen por el crecimiento de la inseguridad callejera.
Hay ahora una expansión del crimen organizado, que no es espontánea, porque hay una dictadura aliada también con el crimen organizado y que es parte del crimen organizado y se sabe por ejemplo que muchas de las armas en poder de bandas como las del tren de Aragua provienen directamente de las fuerzas armadas, de la policía, lo que revela una complicidad estructural.
Ante esta situación, el gobierno de facto realizó el llamamiento a las próximas elecciones, algo exigido por una mayoría ciudadana ni bien sucedió el golpe.
Las próximas elecciones generales en Perú se realizarán el 12 de abril del 2026. En caso de que ningún candidato presidencial logre superar el 50% de los votos válidamente emitidos, los dos aspirantes con mayor respaldo popular se enfrentarán en una segunda vuelta, programada para el domingo 7 de junio de 2026. Es decir, recién en julio del año que viene Perú volvería a estar bajo un sistema de democracia liberal, cuyo máximo representante habrá sido elegido por el electorado.
Sin embargo, no todo es lo que parece. El escenario electoral se presenta particularmente complejo debido a la proliferación de marcas electorales.
Actualmente, un total de 43 partidos políticos han logrado su inscripción oficial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y están habilitados para participar en los comicios. Este número es casi el doble de los 23 partidos que compitieron en las elecciones de 2021. A su vez, la gran mayoría de los partidos inscriptos son de centro derecha o derecha lisa y llanamente.
Si bien, a pesar de que los 43 partidos estén inscritos, no todos presentarán necesariamente una candidatura presidencial. Lo más común serán las alianzas entre marcas electorales con menor caudal de votantes y quizás también entre las que concentran mayor cantidad de voluntades.
Sin embargo, si las elecciones se desarrollarían hoy, tendrían a Pedro Castillo, el principal líder y representante de una gran mayoría que quedó vetada de su representación política con su aprisionamiento arbitrario, vetado de su participación en la renovada contienda.
La proliferación de marcas electorales de la derecha y la prisión política del máximo representante de la izquierda, exhibe un sistema democrático que maneja las posibilidades del hoy y del mañana. Y una victoria de la dictadura en restablecer la democracia liberal luego de años de poder ilegítimo e impopular.
«El sistema electoral, lejos de garantizar esta participación plural está colocando muchas trabas burocráticas, muchas trabas legales para impedir que la inscripciones populares tengan representación política real en las próximas elecciones», acusa Joanna.
Perú y Argentina, ¿espejos de época?
A pesar de las diferencias entre Argentina y Perú, podemos establecer puentes directos en cuanto a sus actuales procesos políticos y sociales en marcha.
“En Perú hay una dictadura y Argentina se encamina para lo mismo”, advierte Téran Romero.
Las represión y la criminalización contra las organizaciones sociales y políticas opositoras; el ensañamiento contra la prensa independiente u opositora; la venia del Congreso para el ingreso de militares estadounidenses y los endeudamientos externos con el FMI; la hiperconcentración de la riqueza nacional en manos extranjeras, al igual que el saqueo de los bienes comunes naturales,; la violencia racista y machista contra mujeres, disidencias y especialmente contra los pueblos originarios; son algunas de las problemáticas que no entienden de fronteras con respecto a ambos países.
La apatía por la política partidaria liberal, la deslegitimidad creciente contra los legisladores y el poder legislativo, así como la no independencia de poderes y la judicialización de la política, también son puentes que se trazan entre Argentina y Perú.
Ambas naciones, con sus mayores líderes políticos sufriendo prisiones políticas e inhabilitados para presentarse a elecciones y representar a los millones de ciudadanos que por ellos aclaman, presentan constantes desafíos para el restablecimiento de libertades constitucionales y políticas hoy en extrema vulnerabilidad.
Con la gran diferencia de que la derecha peruana se impuso a través de un golpe de estado y no por vías democráticas como en Argentina, ambos gobiernos se pueden entender como de ocupación colonial, es decir, gobiernos que responden específicamente a intereses -en su mayoría- occidentales.
En el caso de Argentina, el tridente de poder que hoy ocupa -vía Milei- la Rosada, es el Reino Unido, Israel y Estados Unidos. En el caso de Perú, también lo es EE.UU., distintos países de la Unión Europea (España, Francia) y en menor medida China, con gran influencia en el país andino con su nuevo puerto sobre el pacífico peruano.
Las leyes de protección policial en Perú y la ley anti mafias en Argentina, también son similitudes de cómo el poder económico, instrumentaliza su orden neoliberal y tiránico, a través del poder político y judicial en coherencia con las fuerzas represivas.
Es menester, ver más allá de nuestras fronteras y percatarse que detrás de los nombres y las figuras a cargo de los países hoy gobernados por fuerzas conservadoras, de centro derecha o derecha extrema, hay un sistemático Plan Cóndor 2.0 cuyo objetivo es profundizar la histórica colonización de los cuerpos y territorios latinos para la supervivencia de imperios occidentales en caída libre ante la transición geopolítica que vive el mundo.
Hoy en día, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, El Salvador, Panamá, Haití y República Dominicana, son una muestra de ello, con sus matices y grandes diferencias. Urge entonces volver a vernos como integrantes de un continente entero y no de una sola nación.
(*)Democracia de baja intensidad es un concepto utilizado por el politólogo Guillermo O’Donnell para caracterizar a aquellos sistemas democráticos que, si bien cumplen con los requisitos formales de una democracia, léase elecciones periódicas y existencia de representaciones políticas, carece de la profundidad y calidad democrática esperada en una democracia cuya constitución garantiza derechos y libertades que efectivamente no se cumplen.
