El Gobierno de Javier Milei decretó la resolución 10/2025, que establece la eliminación de proyectos que no se vinculen al Plan Estratégico 2024-2025.
Este jueves 9 de enero, a través del Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la Resolución 10/2025, que viene a agrietar más de lo que ya está el área científico y tecnológica del país.
La medida plantea la eliminación de proyectos y programas del extinto Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, transferidos a la actual Jefatura de Gabinete de Ministros.
Esta resolución pone el foco en investigaciones que, según el Gobierno, no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país” y con ello amenace con recortes al financiamiento y las cancele por completo.
De esta manera, se pone en peligro proyectos que no cumplan con los criterios establecidos en el Plan Estratégico 2024-2025, priorizando únicamente áreas como agroindustria, minería y economía del conocimiento, dejando de lado proyectos que se vinculen al área de investigación y desarrollo.
El Boletín destaca que “dará por finalizados aquellos programas cuyos objetivos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico”.
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Esto es de los más grave del gobierno hasta ahora.
— Enrique Viale (@EnriqueViale) January 10, 2025
Ordenan dar de baja todos los programas científicos del país, excepto los relacionados con las áreas de agroindustria, energía, minería (extractivismo), salud y economía del conocimiento
Resolución JGM: https://t.co/qRiqT01bOu pic.twitter.com/A32abcnPIi
“Que las medidas que se adopten deberán realizarse procurando soluciones que reduzcan las contingencias presentes y futuras para el Estado Nacional y en definitiva de todos los argentinos, minimizando los riesgos y costos a su mínima expresión”.
El documento firmado por Guillermo Francos otorga a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología amplias facultades para rescindir convenios, exigir la devolución de fondos y ajustar programas en función de los recortes establecidos por las emergencias económicas decretadas.
La motosierra no para y los proyectos de ciencia e innovación que no hayan ejecutado más del 30% de sus fondos será eliminados, sin importar la relevancia de su impacto científico, tecnológico o social.
