Es el final de un histórico juicio por delitos de lesa humanidad y persecución política contra 57 personas en Villa Constitución en 1975, en «El Villazo».
Se acerca el final de un juicio histórico por delitos de lesa humanidad cometidos en Villa Constitución (Santa Fé) en 1975, contra 57 participantes de «El Villazo».
El Villazo (nombre que parafrasea al Cordobazo o al Viborazo), fueron jornadas de organización y lucha iniciadas por obreros metalúrgicos de Acindar y sindicalistas de la UOM en 1974, a las que luego se plegaron trabajadores de distintos rubros, contra la intervención a los sindicatos y la burocracia sindical.
Un año más tarde, de la mano de López Rega y las fuerzas policiales, los directivos de Acindar Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo desataron en represalia una brutal persecución, secuestros y asesinatos contra 57 partícipes de El Villazo, fundamentalmente de la UOM.
El hecho es reconocido como la antesala de la dictadura cívico-militar que se desataría un año después.
El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó penas severas para los responsables de la represión desatada contra trabajadores y militantes sindicales.
Según la acusación, los secuestros comenzaron el 20 de marzo de 1975 y se extendieron incluso hasta principios de 1976. Las víctimas secuestradas fueron torturadas y, en muchos casos, asesinadas.
Cárcel común e inmediata
El MPF pide perpetua para los dos exdirectivos de Acindar S.A., Pellegrini y Torralvo, y condenas de hasta 25 años para integrantes de las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales.
A Pelligrini y Torralvo se los acusa de ocho homicidios agravados, 29 secuestros y torturas, y participación en una asociación ilícita.
En cuanto a las fuerzas de seguridad, la fiscalía solicitó 25 años de prisión para el exfederal Roberto Álvarez y para Amadeo Chamorro, exmiembro de la Guardia Rural “Los Pumas” de la policía santafesina, por decenas de casos de privación ilegal de la libertad y tormentos.
También se pidieron penas de 25 años para otros once expolicías federales, implicados en 23 casos similares y en el marco de la misma asociación ilícita. Para otros imputados, como Aníbal Lozano Windus y Oscar Roberto Giai, se solicitaron penas de 16 y 14 años respectivamente. Por su parte, Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesús Martínez enfrentarían condenas de 10 años por delitos similares en perjuicio de una víctima cada uno.
La fiscalía además reclamó que todas las penas se cumplan en cárcel común y con encarcelamiento inmediato, y que se declare inconstitucional la aplicación de los decretos que en su momento habilitaron la detención de las víctimas bajo acusaciones infundadas de subversión.
Medidas de reparación
En línea con los estándares internacionales en derechos humanos, el MPF solicitó una serie de medidas reparatorias para las víctimas de la represión de El Villazo.
Entre ellas, que el veredicto sea publicado en los medios más importantes de Villa Constitución, y que se señalicen como centros clandestinos de detención los edificios de la Jefatura de Policía local, la delegación Rosario de la Policía Federal Argentina y la sede de Prefectura Naval en esa ciudad.
También pidieron que las empresas involucradas, como Acindar S.A., registren en los legajos de las víctimas la verdadera causa de sus ausencias laborales: no fue abandono, sino consecuencia directa de asesinatos o detenciones ilegítimas.
Por último, se solicitó que el tribunal reconozca formalmente la participación en los hechos represivos de integrantes del Ejército Argentino, la Prefectura Naval y la organización parapolicial Triple A.
El juicio continuará este lunes 4 de agosto con los alegatos de las demás partes. Se espera que el veredicto final se conozca en septiembre.
