Con votos de distintas fuerzas políticas y luego de mucho debate se aprobó la normativa que despenaliza la «Muerte Digna» en los mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables.
Uruguay se transformó en el primer país en América Latina en aprobar una ley de eutanasia.
El Senado del país vecino sancionó el proyecto de Muerte Digna, que cuenta con el apoyo de todos los legisladores del oficialista Frente Amplio que comanda el presidente Yamandú Orsi y de algunos de los opositores del Partido Colorado y del Partido Nacional.
En la región esta práctica también está despenalizada en Colombia y Ecuador, pero no por vía legislativa sino a través de fallos judiciales.
La ley busca garantizar el derecho a «transcurrir dignamente el proceso de morir», mediante la despenalización de la eutanasia. Se determina que sólo podrán acceder adultos, mayores de edad psíquicamente aptos que atraviesen la etapa terminal de enfermedades incurables e irreversibles, o que padezcan por ellas sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida.
Además, debe ser ciudadano o residente uruguayo y tiene que pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito. Se trata de un texto debatido ampliamente y que según señalan encuestas, cuenta con el apoyo popular.
Más de un 60% de los uruguayos está a favor de legalizar la eutanasia y apenas un 24% la rechaza, según una encuesta presentada en mayo por la Consultora Cifra.
¿Qué pasa en Argentina?
En Argentina, es un debate pendiente que tiene varios proyectos que han circulado por el Congreso sin éxito.
Desde 2012, tenemos la ley de “Muerte digna”, que autoriza a pacientes terminales, o sus familiares, a rechazar tratamientos que extiendan el sufrimiento. Es lo que en la jerga médica se conoce como “eutanasia pasiva”.
En otras palabras, esta normativa permite el rechazo de procedimientos que mantendrían a la persona en vida, pero no admite acciones que produzcan directamente su muerte.
A diferencia de Uruguay, Argentina no cuenta con una ley de eutanasia y el procedimiento no está normativizado.
Pero existen al menos cinco proyectos sobre la temática que esperan su tratamiento en el Congreso.
Uno de los proyectos más reconocidos fue presentado por la diputada Gabriela Estévez e impulsada por el Dr. Carlos «Pecas» Soriano. Se trata de la denominada «Ley Alfonso» que surgió por el caso de Alfonso Oliva, a quien en 2014 le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que, a medida que avanza, afecta centrales nerviosas y provoca parálisis musculares o la imposibilidad de dominar los movimientos. Falleció el 3 de marzo de 2019 y fue acompañado por el Dr. Soriano.
