Personas con discapacidad y prestadores de servicios denuncian que el Presupuesto 2026 deroga esta ley, por demás votada y aprobada en el Congreso.
Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios denuncian que el Presupuesto 2026 propuesto por el Gobierno nacional deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad, votada y aprobada en más de una ocasión por el Congreso.
El colectivo de discapacidad en Córdoba publicó un comunicado en rechazo, en el que destacó la iniciativa del Gobierno como «un nuevo escándalo, una nueva muestra de crueldad».
Además de la Emergencia en Discapacidad, el Presupuesto también deroga la Ley de Financiamiento Universitario, otra normativa ampliamente votada y aprobada en las Cámaras, en más de una ocasión.
La Justicia ya ordenó la implementación inmediata de la Ley
La Ley de Emergencia en Discapacidad tiene un largo recorrido. Luego de movilizaciones y acciones legales a lo largo y ancho del país durante meses, se consiguió aprobar esta ley en más de una ocasión, a pesar de la insistencia del Gobierno por bloquearla.
Sin embargo, la promulgación no terminó el conflicto: la gestión de Javier Milei optó entonces por suspenderla de hecho. Es por esto que hace una semana, la Justicia determinó que la ley está vigente y ordenó su inmediata implementación. «Defender la ley es defender la vida y la dignidad de las personas con discapacidad», agregó el comunicado de las organizaciones.
Con el Presupuesto 2026, se suma otro capítulo más de esta lucha extenuante por la Emergencia en Discapacidad: «Ahora el Poder Ejecutivo vuelve con una nueva estrategia ilegítima, al incorporar a último momento dos artículos en la Ley de Presupuesto, mediante las que deroga las leyes de Financiamiento Universitario, y la Ley de Emergencia en Discapacidad», manifestó el texto.
El comunicado expone claramente lo que está en riesgo: «La eliminación del marco de emergencia no es un simple ajuste administrativo; representa un retroceso que pone en riesgo derechos ya conquistados y el sostenimiento mismo del sistema de prestaciones».
Está en riesgo el sostenimiento del sistema de prestaciones
El Presupuesto 2026 directamente desconoce la necesidad de la emergencia en discapacidad, las deudas para con prestadores de servicios y el atraso arancelario que ya alcanza aproximadamente un 70%.
Si se aprueba el Presupuesto tal como está, se suspenderán los aumentos previstos y las actualizaciones mensuales automáticas según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y se implementarán aumentos trimestrales, lo cual significa un atraso en los valores de las prestaciones, alertó el colectivo.
Además, el monto de dichos aumentos sería decidido arbitrariamente por organismos del Poder Ejecutivo en lugar de por el esquema que propone la Ley.
La derogación de la ley reduce los ingresos de quienes trabajan en los «Talleres Protegidos», espacios de trabajo para personas con discapacidad. Además, se recortan subsidios y se plantea volver a la categoría de «pensiones por invalidez laboral».
Ante este escenario tan crítico, profesionales y personas con discapacidad le exigen, a las y los diputados «que asuman su responsabilidad institucional y no den quórum ni aprueben un presupuesto que recorta derechos de manera indirecta», y a los Gobiernos provinciales que defiendan a sus comunidades y visibilicen el daño de la medida.
