Durante el debate en comisiones, el oficialismo incorporó a último momento un artículo que elimina las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario. La maniobra generó sorpresa entre diputados y fuertes críticas de la oposición, que denunció un retroceso institucional y presupuestario.
La discusión del Presupuesto Nacional en el plenario de comisiones dejó una novedad inesperada. El Gobierno logró dictamen incluyendo un artículo que deroga las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario. La decisión, incorporada sin previo aviso, tomó por sorpresa a buena parte de los legisladores mientras avanzaba el debate.
La modificación figura en el artículo 75 del nuevo dictamen impulsado por el oficialismo y deja sin efecto las leyes 27.793 y 27.795, ambas sancionadas y promulgadas durante la gestión de Javier Milei luego de que el Congreso rechazara los vetos presidenciales. Sin embargo, esas normas nunca llegaron a implementarse plenamente debido a la negativa del Ejecutivo a ejecutar las partidas, argumentando la falta de definición sobre el origen de los fondos.
Desde distintos bloques opositores advirtieron que los cambios de último momento generaron una fuerte preocupación en los sectores vinculados a la discapacidad y en las universidades nacionales, que ya venían reclamando el cumplimiento efectivo de las leyes aprobadas.
La atención ahora está puesta en la postura que adoptarán los bloques aliados al Gobierno, cuyo rol fue determinante meses atrás para rechazar los vetos presidenciales. Con excepción del PRO y algunos sectores de la UCR, la mayoría de las fuerzas había respaldado no sólo la sanción, sino también la exigencia de que esas leyes se cumplieran.
Uno de los cuestionamientos más duros llegó desde Unión por la Patria. El diputado Pablo Yedlin criticó la incorporación “sobre la hora” del artículo que elimina las normas y apuntó contra quienes facilitaron el dictamen oficialista. En ese marco, denunció una falta de respeto a las reglas institucionales por introducir una modificación de alto impacto sin el debate correspondiente.
En la misma línea, Nicolás Massot, del bloque Provincias Unidas, cuestionó las prioridades del Ejecutivo y sostuvo que mientras existen recursos para operaciones inmobiliarias, se niega financiamiento a áreas sensibles como la discapacidad y el sistema universitario.
