El Gobierno quiere que las Fuerzas Armadas puedan participar en la seguridad interior

El motivo es, en principio, "combatir" el narcotráfico en Rosario. Con este proyecto, se habilitará a las FFAA a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, y aprehensiones.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Luis Petri, enviaron al Congreso un paquete de cinco proyectos de ley con “el objetivo de combatir el crimen organizado”. Entre esos proyectos, está el texto que modifica la Ley de Seguridad Interior para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la lucha contra el narcotráfico.

Si el proyecto se aprueba por ambas Cámaras del Congreso, las FFAA van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia.

Luis Petri dijo que las modificaciones posibilitan “la utilización de medios coercitivos que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.

Por instrucción precisa del presidente @JMilei llevaremos al Congreso las nuevas medidas de seguridad que diseñamos.

Cambios profundos y definitivos para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas.

Vamos a fondo, no podemos convertir a las víctimas en victimarios. pic.twitter.com/dWIjPZpU6Y

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 21, 2024

Otras medidas

En conferencia de prensa, ambos funcionarios detallaron que el paquete de medidas también incluye una ley contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); otra de Reincidencia y reiterancia; una ley de Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento; y una Ley de Orden Público.

Sobre la llamada "ley antimafias", Bullrich indicó que aquellos que “cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Agregó la ministra que “la pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”.

Además, planteó que “la ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.

Te puede interesar: "Bullrich contra la marihuana: ¿Qué dijo en Córdoba?"

“Segundo: a Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, añadió, y continuó: “Tercero, el registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención”.

El cuarto proyecto es un endurecimiento de la "Ley Antipiquetes". Bullrich explicó que tiene tres aristas: "busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.

“El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber”, dijo Bullrich que agregó que “vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”.

“Además, proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años”, señaló la funcionaria.