Se trata de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN). Tendrá bajo sus funciones la concesión de la vía navegable troncal de los ríos Paraná y Paraguay.
El pasado lunes 6 de enero, luego de que el Gobierno oficializara la disolución de la Administración General de Puertos (AGP) -una sociedad estatal que tenía como objeto la administración del puerto de Buenos Aires y, en los últimos años, la de la «hidrovía» que corre por el río Paraná- creó un nuevo organismo.
Se trata de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) y tendrá bajo sus funciones la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay, clave para la salida de buques de carga de varios países hacia el Atlántico.
Poseerá autarquía financiera y quedará en el organigrama del Ministerio de Economía que maneja Luis Caputo.
Este organismo será el único con autoridad portuaria nacional y “reducirá el sobredimensionamiento de la estructura estatal” mediante la disolución de dos entes: la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, que dependía del Ministerio de Economía, y la Administración General de Puertos Sociedad Anónima Unipersonal.
A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, explicaron que la medida intenta “eliminar la burocracia innecesaria y evitar la superposición de funciones, a través de la supresión y reemplazo de los organismos por un nuevo ente con unidad de acción y una estructura reducida, aprovechado racionalmente los recursos disponibles especializados y capacitados en sus respectivas funciones, y asegurando la continuidad y regularidad de los servicios”.
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A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni había dicho que se buscaba cerrar “un antro de corrupción y privilegios”, que supuestamente era la AGP.
Según especificaron, el nuevo organismo a cargo de la «hidrovía» estará dirigido por un director Ejecutivo con rango de secretario de Estado y un subdirector Ejecutivo con rango de subsecretario. Ambos serán nombrados por el Poder Ejecutivo Nacional.
El personal de la ex Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables será reubicado conforme a la legislación vigente y el personal de la ANPyN se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo.
Las políticas para la «hidrovía»
En agosto, el Gobierno Nacional reemplazó el esquema administrador de la Vía Troncal Navegable diagramado por el gobierno de Alberto Fernández, pero continúa la misma línea de privatización y extranjerización. De esta manera, se concretó una mayor concentración de poder en manos de Caputo y una licitación que se proyectaría a 30 años.
En tanto que en noviembre, la Subsecretaría de Puertos de la Nación anuncia la licitación internacional para la concesión de la Via Navegable Troncal. El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció el comienzo de la privatización de la Hidrovía con un contrato a 30 años. La medida quedó plasmada en el Boletín Oficial a través de la Disposición 34/2024.
Se recibirán las ofertas hasta el 29 de enero de 2025. La definición ahora quedará sujeta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación, el nuevo organismo creado por Milei que tiene control sobre la vía troncal navegable, mal llamada «hidrovía».
Desde distintos sectores involucrados en la temática, denuncian que el pliego de condiciones está hecho a medida de la actual administradora, la empresa belga Jan de Nul.
En diálogo con Tiempo Rural, Luciano Orellano, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná y del Encuentro Federal por la Soberanía, denunció que esta medida “es un hecho sin precedentes en la historia argentina, ya que entrega nuestro río por más tiempo que la experiencia menemista que lo privatizó por 25 años a la belga Jan de Nul”.
El pliego de licitación incluye una cláusula que prohíbe la participación de empresas controladas por estados soberanos o agencias estatales, lo que excluye a actores como la Shanghai Dredging Co., filial de la estatal china CCCC.
En ese sentido, Orellano afirma que “hay un aspecto que queda claro en el pliego y es la intención del gobierno de mantener el control del Paraná en la órbita de empresas cuyas casas matrices gravitan en la esfera de la OTAN”.
Las críticas crecen ya que el llamado a la licitación podría representar una oportunidad para que el Estado recupere la soberanía en el la vía navegable troncal, fomentando una flota propia y una salida soberana por el canal de Magdalena.
Por el contrario, se espera que cuando se abran los sobres, simplemente se formalice la administración del sistema tal cual se encuentra hoy, con la pérdida de soberanía que significa no tener control sobre el curso de agua.
