Los equipos jurídicos del Poder Ejecutivo apelarán el fallo de la Justicia que ratifica la Ley de Financiamiento Universitario, mientras el Gobierno transfiere los montos mínimos a los que lo obliga la norma.
El Gobierno Nacional, una vez más, arremete contra la Ley de Financiamiento Universitario: sus equipos jurídicos se encuentran trabajando en la apelación del fallo judicial que ratifica la norma, promulgada el 21 de octubre en 2025.
La Justicia dispuso ratificar la aplicación de la Ley, actualizar salarios docentes y no docentes y una recomposición presupuestaria de becas e investigación. La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal fue la que confirmó la cautelar.
El Poder Ejecutivo primero apelará ante esa Cámara a través de un Recurso Extraordinario Federal (REF). Anticipan un rechazo, pero buscan ganar tiempo para armar una estrategia judicial y elevar la apelación a la Corte Suprema de Justicia.
El REF permite a la Corte revisar sentencias definitivas de tribunales inferiores cuando se cuestiona la interpretación de la Constitución Nacional, tratados internacionales o leyes federales.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional transferirá mensualmente los montos mínimos para cumplir con lo que la Justicia obliga, pero sin consolidar el costo completo en el presupuesto anual como ampliación permanente del gasto.
El Gobierno se opone a la recuperación de los salarios y las becas
Los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario obligan al Poder Ejecutivo a actualizar salarios docentes y no docentes por un porcentaje no menor a la inflación acumulada entre el 1 de diciembre de 2023 y la sanción de la norma; asimismo, establece la recomposición de becas estudiantiles y partidas de investigación por la variación acumulada del IPC.
El Gobierno Nacional se opone a recuperar el poder adquisitivo perdido por el personal universitario y el presupuesto destinado a las casas de altos estudios. El argumento es la presión fiscal que ejercería dicha actualización, comprometiendo su política de «déficit cero». Presión fiscal altamente selectiva: a la par que la gestión de Milei vacía la educación pública suceden cosas como la contratación multimillonaria de AACI, perteneciente a la esposa del Ministro Sturzenegger, para dar clases de inglés a la Cancillería.
Previamente a la actual iniciativa de apelación, el Poder Ejecutivo había dictado el decreto 759/2025 para frenar la ejecución de la Ley, insistiendo con la necesidad de definir fuentes de financiamiento. Finalmente, luego de meses, la Justicia falló en contra de este decreto, instando una vez más al Gobierno a cumplir con la ley.
Los intentos del Gobierno Nacional se enfocan ahora en cumplir con lo mínimo indispensable de la Ley para apuntar a una modificación de la norma en el Congreso, que reemplace ese esquema de actualización salarial y presupuestaria con otro más acotado.
