El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, trabaja sobre una serie de decretos. Hará uso de las facultades delegadas del Congreso aprobadas en la Ley Bases.

Desde el Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, preparan una serie de decretos para la eliminación de alrededor de 60 organismos del Estado.
Si bien la información es extraoficial y resta ver cómo se desarrolla la cuestión, el ministro Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, es el encargado de llevar a cabo el objetivo libertario.
Como lo determina el Mapa del Estado, el Sector Público Nacional (SPN) contiene 43 organismos desconcentrados y 73 descentralizados, sobre los cuales recaerá el recorte.
Recordemos que ya iniciaron con anuncios de cierres que, en realidad, todavía no se llevaron a cabo como el de INADI o el Instituto de Agricultura Familiar. En este sentido, es parte de la estrategia oficial comunicar cierres sin que se efectivicen, como el caso de Télam, que fue reconvertido de agencia de noticias a agencia de publicidad.
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Otros organismos que se estiman que serán parte del achicamiento del Estado son el Instituto Nacional de Juventud (INJUVE), el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el INAES.
De cualquier manera, luego de la aprobación de la ley Bases y la delegación de facultades legislativas que el Congreso le concedió al Poder Ejecutivo, ahora el gobierno de Milei podrá avanzar en los cierres definitivos de los organismos.
Si bien la redacción de la Ley Bases no permite el cierre total de organismos claves como el Conicet, el INCAA, la Coneau, el INCUCAI, el ENACOM, la ANMAT y el INTA, entre otros, el Ejecutivo sí tiene la facultad de fusionar esos entes, tercerizar funciones o refuncionalizarlos.
«Los pueden dejar tan vacíos de funciones y personas que es lo mismo que cerrarlos», afirman en la oposición. No descartan incluso que hospitales nacionales puedan ser transferidos a algunas provincias, según afirma Clarín.
Las facultades delegadas tienen una duración de 12 meses, con la posibilidad de que el Congreso las prorrogue por un año más. Esto significa que la administración de Milei le dará celeridad a su objetivo de achicar el Estado.
También hay que destacar otro artículo de la ley Bases que refiere a los trabajadores estatales. La normativa establece que los empleados que no sean reubicados de manera inmediata pasarán a disponibilidad con goce de sueldo durante un período máximo de un año. A partir de allí, pueden ser despedidos.