El objetivo es evitar la ejecución de la sentencia, que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF al fondo Burford Capital y a Bainbridge.
El Gobierno Nacional pidió la suspensión del fallo por YPF a través de una cautelar enviada a la justicia de Nueva York y adelantó que no negociará con Burford Capital.
La pretensión es que la jueza Loretta Preska suspenda el fallo que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF a los fondos buitre Burford Capital y Bainbridge.
Con la cautelar, la Procuración del Tesoro Nacional, que lleva adelante la defensa del gobierno argentino, pretende conseguir tiempo y presentar oficialmente la apelación al fallo de Preska. También se aspira a reducir el monto solicitado por la sentencia, de 16 mil millones de dólares.
En caso de que la jueza Preska se niegue a la cautelar, el Gobierno argentino pedirá la suspensión directamente a la segunda instancia, la corte de apelaciones.
La gestión de Javier Milei también adelantó que no negociará con el fondo Burford Capital, que encabeza la demanda, hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal.
Kicillof denunciará a Milei
El presidente Javier Milei criticó a Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, por el problema de YPF. Según Milei, el origen de las irregularidades en la reestatización de la petrolífera, eje del presente juicio, ocurrieron durante el mandato de Kicillof como Ministro de Economía y por ello son su responsabilidad.
Axel Kicillof respondió a las acusaciones e insultos del presidente señalando que este último defiende los intereses norteamericanos por sobre los argentinos, exponiendo los contactos entre Milei y y el fondo Burford.
“Vamos a iniciar investigaciones, porque se sabe que Milei y su gobierno tienen vínculos con representantes de ese fondo buitre (Burford). Esto no lo puedo afirmar, por eso digo que lo vamos a investigar”, aseguró el mandatario provincial en conferencia de prensa.
El gobernador bonaerense consideró que Milei “le da la razón a los demandantes” en la causa por la expropiación de YPF y “contradice la defensa del interés nacional”.
Kicillof también afirmó que el Presidente es responsable por “cualquier decisión que tome que ponga en riesgo a YPF” y lo denunció por atacar la “soberanía nacional”.
Distintos especialistas adelantaron que las declaraciones de Milei debilitan la estrategia de la defensa argentina ante el tribunal de Estados Unidos porque contradice los argumentos jurídicos nacionales al hablar en el mismo idioma que la sentencia condenatoria.
“Siempre a favor de los buitres y no del país, siempre a favor de la entrega y no de la soberanía”, cuestionó el gobernador.
Kicillof recordó además que el problema de YPF fue su inicial privatización en los ’90 y su entrega a la compañía española Repsol, que volvió a la Argentina un país “deficitario en materia energética”; y que la reestatización fue aprobada en el Congreso por una amplia mayoría de representantes de todos los bloques.
“Sin la expropiación de YPF no habría Vaca Muerta y tampoco recuperación de la producción de hidrocarburos en Argentina. El objetivo era poner a funcionar la empresa en favor de los intereses nacionales, que estaban siendo mancillados por la gestión de REPSOL”, argumentó.
El origen del caso de YPF
El Gobierno Nacional enfrenta ahora este fallo por YPF por una situación que comienza años atrás. La petrolífera fue intervenida por el Gobierno nacional el 16 de abril de 2012 bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kircher. El 7 de mayo de ese mismo año, se aprobó en el Congreso el proyecto de expropiación del 51% de la empresa.
El monto ofrecido por el gobierno fue aceptado por Repsol, principal accionista, pero no por los demás. El grupo Petersen, que tenía el 25% de las acciones, vendió años más tarde los compromisos de pago del Estado argentino al buffet de abogados Burford Capital Limited, quienes hoy encabezan la demanda y alegan que Argentina no cumplió su compromiso con los tenedores de acciones, exigiendo un resarcimiento de 16.000 millones de dólares (a lo que la jueza estadounidense Preska falló en su favor en primera instancia).
Ahora, el Gobierno Nacional busca reducir el monto dictaminado por el fallo de YPF, considerando que la cifra era de 5.000 millones de dólares, monto que se pagó a Repsol durante el proceso de reestatización.
