La responsabilidad del Ejecutivo pasará a ser solo “regir, supervisar, coordinar y, eventualmente, asistir o financiar a las jurisdicciones locales”.
El Gobierno nacional dejará de asistir a las personas en situación de calle, según lo establecido en el DNU 373/2025.
La responsabilidad por la atención de las personas sin techo pasa a manos de las provincias. El rol del Estado nacional será solamente marcar los lineamientos generales de las políticas a implementar.
Solo en CABA, los números oficiales del Gobierno de la Ciudad hablan de un aumento del 23% de la población sin techo a principios de 2025, ubicando el número alrededor de las 4000 personas. Pero organizaciones sociales contradicen este dato e indican una cifra mucho mayor: para noviembre de 2024, relevaron entre 10.000 y 12.000 personas en la calle en la Ciudad de Buenos Aires.
La inhumana resolución 373/2025 del Gobierno nacional se desliga de su responsabilidad con las personas en situación de calle, también ciudadanos de este país, cabe recordar. Y para peor, lo hace justo cuando comienza el frío y las muertes por hipotermia.
“El Estado podrá contribuir a la atención de las necesidades de las personas en situación de calle mediante el otorgamiento de apoyo económico y técnico a los gobiernos locales que carezcan de los medios para garantizar efectivamente, por sí mismos, los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de situación de calle», expresa el DNU 373/2025.
El Gobierno nacional se excusa en que el tema de las personas en situación de calle es de carácter «complejo y multidimensional» y se aborda según las herramientas y posibilidades de cada región, en lo que es simplemente otro recorte miserable a la gente más desprotegida del país.
Según el documento, la atención de las personas sin techo «exige un esfuerzo concurrente y coordinado entre el Estado, las provincias y la ciudad de Buenos Aires. Las competencias son concurrentes y deben guiarse por los dictados del principio de subsidiariedad, según el cual la actuación del nivel nacional encuentra su razón de ser cuando el nivel de gobierno local -por causas objetivas y fundadas- no pueda cumplir de manera plena y eficaz con las responsabilidades que le son propias», destaca el documento.
Estas nuevas modificaciones se aplicarán sobre la Ley N°27.654, creada originalmente para proteger los derechos de las personas en situación de calle y de aquellas en riesgo de perder su vivienda en el país.
La autoridad nacional de aplicación para los lineamientos a seguir y la asignación de recursos será la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano (el mismo Ministerio que maneja de modo absolutamente irregular los alimentos de comedores comunitarios).
